El Gobierno nacional confirmó que no avalará la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, empresa controlada por el Grupo Clarín, si la compañía no se desprende de 6 millones de clientes móviles. La decisión fue anunciada por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), sobre la base de un informe técnico elaborado por el ENACOM.
Según el comunicado oficial, sin condicionamientos la operación concentraría cerca del 70% del mercado de telecomunicaciones en un solo grupo económico. Con las exigencias impuestas por el Estado, esa participación descendería a alrededor del 50%.
Entre los requisitos establecidos, Telecom deberá transferir 6 millones de abonados móviles distribuidos entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur a un nuevo competidor que ingrese al mercado.
Además, la compañía deberá garantizar durante dos años el acceso de ese operador a su infraestructura y al espectro radioeléctrico, devolver 130 MHz de espectro y desprenderse de clientes de internet fija en aquellas localidades donde supere el 50% del mercado minorista.
En términos prácticos, las condiciones obligarían al grupo a resignar una porción significativa de su negocio de telecomunicaciones. Aunque la resolución se presenta como una medida de defensa de la competencia y prevención de posiciones dominantes, dentro del Grupo Clarín la lectura es muy distinta.
En la empresa sostienen que el conflicto no puede analizarse únicamente desde una perspectiva regulatoria. Según trascendió, los directivos se enteraron de la decisión a través del comunicado oficial y todavía no habían recibido la resolución completa al momento de conocerse la medida.
Esa situación fue interpretada internamente como una nueva señal del deterioro en la relación entre el multimedio y la administración de Javier Milei, una tensión que viene acumulando episodios desde el inicio de la gestión libertaria.
La confrontación tuvo varios capítulos públicos. Hace más de un año, el Presidente fijó en su cuenta de X una publicación en la que calificó al grupo como “la gran estafa argentina”, en referencia a la operación entre Telecom y Telefónica.
Posteriormente se sumaron nuevos cruces vinculados a la difusión de información sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, cuestionamientos presidenciales a periodistas del diario y polémicas derivadas de artículos periodísticos relacionados con aspectos de la vida personal del mandatario.
En ese contexto, fuentes vinculadas al grupo, a las que accedió Infocielo, consideran que la resolución del Tribunal responde más al escenario político actual que a una evaluación estrictamente técnica de la operación.
No todos coinciden con la lectura de “la revancha“.
Martín Becerra, investigador principal del CONICET y profesor titular en la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en políticas de medios y telecomunicaciones, cuestionó que se hable de condiciones “duras” o “exigentes”.
Para Becerra, lejos de ser un freno, la resolución habilita a Telecom-Telefónica a transformarse en el único grupo del país con oferta convergente (fija y móvil) en todo el territorio nacional, algo que hoy ningún otro operador puede ofrecer.
Desde esa óptica, lo que se presenta como un “escarmiento del Gobierno” funcionaría, en los hechos, como una concesión a favor de Clarín antes que un capítulo de disciplina miento.
La tensión entre la Casa Rosada y Clarín durante los últimos años también involucra a otros medios de comunicación que publicaron investigaciones o informes críticos sobre el Gobierno y que, en consecuencia, quedaron en el ámbito de cuestionamientos oficiales.
Entre los casos mencionados aparecen Perfil y hasta el diario estadounidense The New York Times, que recibieron críticas públicas desde el entorno presidencial e incluso acciones judiciales en algunos casos.
Distintos analistas políticos señalan que existe un patrón común: la dificultad para procesar coberturas periodísticas adversas y la tendencia a trasladar esos conflictos al terreno institucional o judicial.
Del lado empresarial, el Grupo Clarín afronta la disputa con la experiencia acumulada de décadas de enfrentamientos con distintos gobiernos. Bajo la conducción de Héctor Magnetto, el conglomerado atravesó administraciones de signos políticos diversos, tanto afines como abiertamente confrontativas.
La larga disputa con el kirchnerismo dejó antecedentes que todavía funcionan como referencia dentro de la compañía. En el sector recuerdan que las tensiones entre el poder político y los grandes grupos de medios suelen trasladarse también al plano editorial.
Por ese motivo, dentro del oficialismo no descartan que una escalada del conflicto por Telecom termine impactando en la cobertura que realizan los distintos medios del grupo, incluidos diarios, radios, señales de televisión y plataformas digitales.
La magnitud económica de la medida agrega un componente extra a la controversia. De mantenerse las condiciones impuestas por el Gobierno, Clarín no solo debería desprenderse de millones de líneas móviles, sino también encontrar compradores para esos activos en un plazo que aún no fue precisado oficialmente.
Mientras tanto, la empresa analiza los pasos a seguir. Entre las alternativas aparece la posibilidad de aceptar las condiciones o recurrir a la Justicia para intentar revertir la decisión.
Con los equipos legales estudiando el expediente y sin una definición pública de la compañía, la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín parece lejos de terminar. Por ahora, tanto en el sector empresario como en la Casa Rosada coinciden en algo: la pelea recién empieza.
Sin embargo, otras voces especializadas, ven en todo esto una puesta en escena.
Fuente: Infocielo
