
Los trabajadores y las trabajadoras de la educación nucleados en la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) lanzaron una fuerte exigencia dirigida a las autoridades gubernamentales para reclamar la urgente reapertura de la mesa de negociación colectiva. Desde el sindicato docente manifestaron que el sector continúa exigiendo respuestas concretas ante el severo deterioro de la situación económica en los establecimientos educativos. En un duro documento, la organización gremial planteó que “frente a la pérdida del poder adquisitivo, el ajuste sobre nuestros derechos y una realidad que se intenta negar, volvemos a plantear con claridad cada uno de nuestros reclamos», demandando de manera perentoria sentarse a discutir salarios, condiciones de trabajo y la compleja situación previsional.
La conducción gremial apuntó con firmeza contra los discursos oficiales que minimizan el impacto de la crisis en los bolsillos de los trabajadores de la educación. El gremio remarcó de manera textual que “el gobierno debe dejar de mentir y escuchar a las maestras, maestros y profesores que somos quienes conocemos la realidad de las escuelas”. Para destrabar el malestar que impera en las salas de profesores y garantizar el normal funcionamiento del ciclo lectivo, AMSAFE formalizó un detallado pliego de condiciones de cara a una futura convocatoria.
Entre los puntos centrales, el sindicato exige la aplicación de la cláusula gatillo, un 35% de aumento para recuperar el poder adquisitivo, y la premisa fundamental de que no se consolide ningún docente por debajo de la línea de la pobreza. Asimismo, las demandas sectoriales de las bases incluyen de forma explícita la suspensión del aporte solidario, la derogación del presentismo, la derogación de la reforma jubilatoria, y la regularización de las carreras administrativas mediante los llamados a concursos y traslados de acuerdo a la normativa vigente. Con las consignas de ¡Reapertura de paritarias YA! y la convicción de que la educación pública se defiende, los maestros santafesinos se declaran en estado de alerta permanente a la espera de una convocatoria oficial.


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