Por qué volvieron a detener en las torres Aqualina al empresario rosarino Lelo Pérez, ex de Vicky Xipolitakis

 No es la primera vez. Hace tres años, aceptó un juicio abreviado por una megacausa que investigó estafas inmobiliarias y blanqueo de dinero ilícito. Ahora, lo investigan como parte de una organización con los mismos fines que utilizaba varias sociedades para el blanqueo de fondos provenientes de la venta de droga que contaba con complicidad de policías
Policiales31/07/2026ClaudiaClaudia

Una brigada especializada de la Policía Federal, que arribó a Rosario especialmente para el operativo, detuvo este jueves en las torres Aqualina al empresario local Leandro «Lelo» Pérez en cumplimiento de la orden judicial emanada de una causa que lo investiga por presunto lavado de activos.

Pérez, que se hizo conocido por su relación con la mediática Vicky Xipolitakis, también es un conocido de las crónicas policiales por su participación en una resonante estafa inmobiliaria y otro expediente por movimiento ilegal de dinero.

La causa por la que se realizó el allanamiento y detención de Lelo es por infracción a la ley de drogas y está radicada en el Juzgado Federal de primera instancia 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.

La investigación está en manos de los fiscales Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Procunar, y Juan Argibay Molina por parte de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac.

Junto con Lelo están vinculados en los delitos que se pesquisan su hijo Agustín Leandro, su socio Marcelo Malatesta, el ex policía santafesino destituido en 2023 Maximiliano Novillo y el subinspector de la misma fuerza de seguridad Emiliano Haro.

Todos ellos, están acusados por presunto lavado de activos provenientes de actividades narco mediante varias sociedades armadas para ingresar ese dinero en los circuitos legales. Entre ellas, Palabra Santa, Araca Corazón y Transporte Overland SRL. También, un fideicomiso de la construcción y maniobras como la compra de rodados e inmuebles, con intervención de funcionarios policiales.

Salvo Haro, todos fueron indagados este viernes, aunque sólo por el delito de lavado de activos. El juez tiene un plazo de diez días para resolver los requerimientos de Fiscalía.

Un conocido de la Justicia

Pérez estuvo imputado hace una década en la megacausa por estafas inmobiliarias que también estaban vinculadas con operaciones inmobiliarias y movimiento de fondos de origen ilícito. Estuvo expecíficamente señalado por su presunta participación en la operatoria
relacionada con la transferencia irregular de un campo ubicado en Villa Amelia.

En esa ocasión lo detuvieron en las mismas torres Aqualina de barrio Martin. En una causa provincial cuya investigación llevó adelante el fiscal Sebastián Narvaja, le dictaron prisión preventiva domiciliaria y en 2017 le concedieron la libertad bajo fianza. En febrero de 2023, antes del inicio del juicio oral por ese expediente, aceptó un procedimiento abreviado. Por el mismo, lo condenaron a tres años de prisión y el pago de una multa de más de 200 millones de pesos. Además, la Justicia ordenó el decomiso de parte de sus bienes por un valor equivalente a 360.000 dólares.

Otros expedientes, previos a la detención del 12 de octubre de 2016, documentaron los vínculos de «Lelo» con el asesinado Luis Medina y con la firma Reina Automotores SRL. Esa concesionaria, de acuerdo a la pesquisa, era el nexo comercial para la adquisición de vehículos utilizados por los principales cabecillas de Los Monos. Entre ellos, Ramón Ezequiel Machuca, alias «Monchi Cantero», condenado como uno de los líderes de esa organización.

La causa provincial por la que Pérez fue detenido hace seis años incluía a profesionales conocidos. Sin embargo, la sanción de esos delitos quedó deslucida a causa de un cambio en la política de persecución penal del Ministerio Público de la Acusación, bajo las órdenes del por entonces fiscal regional Patricio Serjal. A él, este miércoles, le confirmaron una condena a 9 años de prisión por corrupción vinculada al juego ilegal.

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