Claudia
En el marco del proceso de transición que atraviesa Venezuela, la ONG Foro Penal confirmó que desde principios de enero se ha verificado la excarcelación de 444 presos políticos. Sin embargo, el escenario político y social mantiene focos de conflicto vinculados a las condiciones de dichas liberaciones, las protestas de familiares y las trabas legislativas.
El presidente de la organización de derechos humanos, Alfredo Romero, detalló que el conteo oficial de excarcelaciones abarca el período desde el 8 de enero —cuando el Gobierno interino anunció el inicio del proceso— hasta la noche del 15 de febrero.
La controversia por las prisiones domiciliarias
El Foro Penal remarcó una salvedad técnica en su registro: no considera como excarcelaciones plenas aquellos casos en los que los opositores abandonan los centros penitenciarios pero quedan sujetos a un régimen de arresto domiciliario.
Esta es la situación que atraviesan figuras como el dirigente Juan Pablo Guanipa y el asesor jurídico de la coalición opositora, Perkins Rocha. Si bien ambos salieron de prisión la semana pasada junto a un grupo de activistas, permanecen confinados en sus residencias. Guanipa incluso sufrió un breve reingreso carcelario acusado por la Fiscalía de incumplir medidas cautelares, hasta que finalmente fue trasladado a su domicilio en Maracaibo.
En paralelo, el drama de las familias continúa. Desde el último sábado, una decena de mujeres familiares de presos políticos mantienen una huelga de hambre a las afueras de un comando policial en Caracas. Las extremas medidas de protesta ya ocasionaron descompensaciones y problemas de salud entre las manifestantes, requiriendo asistencia médica en el lugar.
Demoras en la amnistía y reestructuración estatal
Las excarcelaciones se dan en medio de fuertes debates parlamentarios. La promesa de liberar a la totalidad de los detenidos tras la aprobación de una ley general de amnistía sufrió un revés luego de que el Parlamento, de mayoría chavista, aplazara la votación final para la próxima semana. Las diferencias radican en un polémico artículo que exigiría a los procesados continuar presentándose ante la Justicia.
Mientras tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió tras la incursión militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro, avanza con la reestructuración del Estado. En las últimas horas, oficializó la eliminación de siete entidades y programas ligados al chavismo, entre ellos el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), un organismo de inteligencia que había sido reiteradamente denunciado por restringir el acceso a la información pública.
