Reforma laboral y monotributistas: menos derechos, desaliento al empleo formal y tensión en el sistema previsional

El Proyecto de reforma laboral que tiene media sanción del Senado legitima la figura del trabajador colaborador, sin que eso implique una relación laboral. Este esquema convalida que un monotributista firme un contrato de locación de obra o de servicios y emita una factura para desactivar la presunción de vínculo laboral que regía bajo la Ley de Contrato de Trabajo. La modificación votada por senadores no solo cambia el pradigma para trabajadores del sector sino que además desincentiva la contratación formal: le otorga a los empleadores la posibilidad de tener un prestador de servicios sin hacerle aportes, pagar vacaciones ni aguinaldos.

Más allá de las implicancias que tiene este apartado para los trabajadores, a su vez conlleva un perjuicio fiscal para el Estado y una profundización del déficit previsional. Para tener una idea, se calcula que son necesarios 3 o 4 trabajadores formales por cada pasivo, mientras que la estimación en el caso de monotributistas es veinte por cada pasivo, debido al bajo aporte previsional que realiza este régimen.

Esto se da en el marco de un mercado laboral que sigue perdiendo puestos de trabajo en el ámbito formal y lo poco que genera justamente está en el monotributismo o cuentapropismo. Solo en noviembre se destruyeron 23.400 puestos: 13.100 en el sector privado y 13.000 en el Estado, parcialmente compensados por 2.700 nuevos empleos en casas particulares. Mientras tanto, entre monotributistas y autónomos se registraron 137.400 altas en los últimos dos años, un evidencia que muchos trabajadores continúan activos, pero en condiciones más inestables, sin aportes ni protección laboral.

Mucha reforma, poca modernización

En medio del debate por la flexibilización del mercado de trabajo, hubo un capítulo que pasó casi inadvertido: el impacto de la reforma laboral sobre los monotributistas, la única modalidad ocupacional que creció de manera sostenida en los últimos años, mientras el empleo asalariado formal se estancó o retrocedió. La nueva normativa no solo consolida esa tendencia, sino que cambia de raíz las reglas de juego.

Lo que hasta ahora podía encuadrarse como “relación laboral encubierta” (y ser objeto de reclamo judicial por registración deficiente) adquiere respaldo legal. A partir de la reforma, bastará con firmar un contrato de locación de obra o de servicios y emitir factura para desactivar la presunción de vínculo laboral que regía bajo la Ley de Contrato de Trabajo. En el esquema previo, los jueces priorizaban los hechos: pago mensual, cumplimiento de horario, subordinación técnica o económica, uso de herramientas del empleador.

Dos artículos son determinantes en este giro. Por un lado, la norma excluye explícitamente del ámbito laboral a las contrataciones de obra, servicio, agencia, transporte o flete, así como a los trabajadores independientes (incluidos los de plataformas) y sus colaboradores. Por otro, establece que la presunción de existencia de contrato de trabajo no será aplicable cuando existan acuerdos por servicios profesionales u otras modalidades sin relación de dependencia, siempre que medie la correspondiente facturación. En otras palabras, la formalidad del contrato y el comprobante fiscal pasan a pesar más que la realidad de la prestación.

El contexto no es menor. Según los últimos datos del Sipa, mientras los asalariados privados registrados cayeron 1,3% interanual y los públicos 0,9%, los monotributistas crecieron 4,2%. Hoy conviven más de 6,2 millones de asalariados formales en el sector privado con casi 5 millones de trabajadores independientes. De estos últimos, alrededor de 2,1 millones son monotributistas “puros”, y una cifra similar corresponde a independientes informales que, aunque tributan como tales ante ARCA, mantienen en los hechos una relación de dependencia.

Incentivos y asimetrías

El interrogante es qué estímulo tendrá un empleador para optar por una relación laboral tradicional (con vacaciones pagas, aguinaldo, aportes patronales más elevados, cobertura de ART e indemnización por despido) cuando puede contratar bajo monotributo, reducir costos y prescindir de esas obligaciones. Desde la óptica empresarial, el nuevo marco reduce riesgos y abarata la contratación. Desde la perspectiva del trabajador, implica resignar derechos históricos y asumir mayor vulnerabilidad.

Pero el impacto no se agota en la esfera individual. También abre un frente fiscal delicado. Cada conversión de empleo asalariado en monotributo implica una merma en contribuciones patronales y aportes al sistema previsional. En un régimen jubilatorio que ya muestra signos de agotamiento, la ecuación se vuelve crítica.

Las estimaciones indican que se necesitan aproximadamente tres trabajadores activos aportando para financiar una jubilación. Sin embargo, la relación actual es de 1,7 aportantes por cada beneficiario. El desequilibrio es aún mayor en el universo monotributista: según el docente de Finanzas Públicas de la UBA Julián Folgar, se requieren 19 monotributistas para sostener una jubilación mínima. El motivo es simple: los montos que ingresan por esa vía son sensiblemente inferiores a los de un empleo formal.

La reforma, entonces, no solo redefine la arquitectura del derecho laboral, sino que consolida un desplazamiento estructural hacia formas de contratación más flexibles y menos costosas para las empresas. El interrogante es si ese abaratamiento generará más empleo genuino o si, por el contrario, profundizará la sustitución de puestos formales por esquemas independientes con menor protección y menor contribución fiscal.

En el corto plazo, el nuevo esquema puede aliviar costos empresariales. En el mediano y largo plazo, el desafío será sostener el financiamiento del Estado y, en particular, de un sistema previsional que ya opera con déficit estructural. La reforma laboral, en este punto, no solo redefine derechos laborales: también reconfigura el delicado equilibrio entre mercado de trabajo y cuentas públicas.