El gobierno cuenta porotos y busca sumar voluntades para profundizar la reforma laboral el mismo lunes

El presidente de la Nación Javier Milei admitió el martes que, el mismo lunes posterior a las elecciones nacionales, analizará minuciosamente el resultado y la composición del Congreso resultante para avanzar en las reformas que calificó de “segunda generación”.

Entre las prioridades figura, en sus propios términos, la “verdadera reforma laboral” y la tributaria. Así lo confirmó él mismo en un discurso en la metalúrgica de Paolo Rocca Sidersa en la localidad de San Nicolás el pasado 10 de octubre. Lo mismo ratificó su ministro de Economía Luis Caputo en su mensaje al Coloquio de IDEA la última semana.

Para IDEA, el Tesoro y el FMI
El mensaje a los empresarios que en IDEA criticaron la política cambiaria del gobierno fue simple: la competitividad que resignan por el dólar barato y la apertura de las importaciones el gobierno propone devolverla por el lado de la reducción de los costos laborales y tributarios. Lo mismo le planteó el gobierno a los representantes del Tesoro norteamericano y el FMI que también alertan sobre el atraso cambiario y su impacto en la balanza de pagos y la capacidad del gobierno de acumular reservas para honrar las deudas asumidas.

Lo más probable, claro, es que luego del 27 en realidad ocurran ambas cosas. Una recomposición del valor del dólar con la posibilidad de la eliminación del sistema de bandas y una ofensiva en regla contra la legislación laboral vigente. Es lo que piden los empresarios, pero también el Tesoro de EE. UU. que se ilusiona con un improibable triunfo oficialista capaz de apuntalar su estrategia de penetración en el patio trasero y, a la vez, cauterizar la crisis interna que le produce el financiamiento de la Argentina.

Lo que pasó, pasó
Lo cierto es que, cuando el presidente promete avanzar en una “verdadera” reforma laboral sugiere que los puntos referidos al mundo laboral aprobados en la Ley Bases resultaron apenas un comienzo.

Allí, vale la pena recordarlo, el gobierno logró aprobar con el concurso de gran parte de la oposición incluídos algunos legisladores pejotistas, una serie de puntos que constituyen por sí mismos una avanzada histórica contra los trabajadores en normativa laboral.

Entre otros puntos que afectan a la clase trabajadora se incluye la eliminación de la prohibición de los despidos por discriminación (política, religiosa, de género) para reemplazarlo por una indemnización especial a la vez que establece la figura de la “grave injuria laboral” para criminalizar las tomas, bloqueos y piquetes en fábricas y habilitar de ese modo la “extinción del vínculo laboral”. Despido con causa para quienes, en el marco de una relación asimétrica, decidan enfrentar a las patronales que despiden y cierran.

La ley ya aprobada, además, estiró el período de prueba a los seis meses y hasta un año para las Pymes y reconoce la figura de “colaboradores” monotributistas que podrán, a su vez, subcontratar hasta tres trabajadores bajo la misma modalidad. La letra de la norma elimina la figura de la responsabilidad solidaria con relación a los trabajadores de las empresas que subcontratan otras firmas de manera tercerizada y que resultó una garantía de respeto a las condiciones laborales y de seguridad para esos trabajadores precarizados.

En la misma línea y a contramano del relato libertario eliminaron las sanciones a las patronales que evaden la registración de sus trabajadores estimulando el empleo informal y normaliza las contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios eliminando la “presunción de relación de dependencia”. El texto, además, habilitó la discusión de la creación de los fondos de Cese Laboral para avanzar en el reemplazo de las indemnizaciones como el que rige en la UOCRA aunque, para el disgusto de Sturzenegger, ningún sector avanzó en su aplicación. Además, en abstracto, plantea el concepto de des laboralización con el que pretenden avanzar contra la irrenunciabilidad.

Por último, flexibiliza el empleo estatal y habilita las sanciones y descuentos por días de paro entre los empleados públicos.

Lo que viene
Con todo, la ley tuvo que dejar de lado varios de los puntos que estaban presentes en el proyecto original que Federico Sturzenegger elaboró para el gobierno de Mauricio Macri en 2017 y luego se plasmaron en el Título IV del DNU 70/23 que la justicia dejó en suspenso y que fueron declarados inconstitucionales.

Allí están los puntos clave de la reforma que viene que, además, están plasmados en el proyecto de ley ya presentado por la diputada oficialista por Santa Fe, Romina Diez.

Ese proyecto, por el momento, es el único presentado por el bloque oficialista. Fuentes de Capital Humano, sin embargo, aseguraron a Tiempo que “la reforma se está discutiendo todavía” y que el de Romina Diez “fue un primer proyecto que se está modificando y enriqueciendo”.

El Secretario de Trabajo, Julio Cordero, por su parte, aseguró que la reforma busca promover la formalización de trabajadores y que “es falso e impensable que se vayan a quitar derechos”. Esa declaración podría dar a entender que la nueva normativa será aplicable a nuevas contrataciones y no a las que se encuentran vigentes. Una modalidad ya adoptada en otros casos.

Con todo, el presidente en San Nicolás puso énfasis en dos puntos en particular. Por un lado aseguró que se rediscutirán todos los convenios colectivos de trabajo y por el otro que buscarán poner fin a los “caranchos laboralistas”.

El primer punto retoma la eliminación de la ultraactividad presente en el DNU 70/23 que deja sin efecto los convenios cuya vigencia hubiera expirado sin necesidad de que haya acuerdo de las partes. Un mecanismo de extorsión que debilita la capacidad de negociación de la parte sindical que resigna los derechos conquistados como punto de partida para la negociación.

El segundo se refiere a un artículo presente en el proyecto de Romina Diez que establece los mecanismos de indexación de los créditos laborales. Allí se fija la indexación de los créditos laborales según la evolución del IPC y un 3% adicional anual. La fórmula va a contramano del criterio vigente a partir de la jurisprudencia y las «acordadas» avaladas por la Corte que disponen la capitalización de los intereses en favor del trabajador conocida como «anatocismo». La propuesta de Diez, además de garantizar un saldo pernicioso para la parte obrera en la disputa por el monto de una indemnización, más de fondo, implica un estímulo a las patronales para el incumplimiento de sus obligaciones que profundizará la litigiosidad judicial.

A las empresas les resultará conveniente judicializar las cesantías para, durante el período del juicio, invertir el dinero de los trabajadores en instrumentos financieros con mayor rentabilidad que la establecida por el proyecto. Un diferencial garantizado para quienes, peor que caranchos, como fondos buitre pondrán las garras en el salario diferido.

El proyecto de ley presentado en el Congreso insiste en oradar el principio de irrenunciabilidad y dispone además, el banco de horas para flexibilizar la jornada de trabajo según las necesidades de productividad de las empresas eliminando en los hechos las horas extra y vulnerando la jornada laboral que podrá llegar, según la letra del texto, incluso hasta las 12 horas diarias y 60 semanales.

El proyecto, además, ofrece beneficios tributarios especiales para los empresarios que contratarán titulares de programas sociales o empleados públicos pasados a disponibilidad a quienes se les sostendrán los ingresos en lo que constituye un subsidio fiscal sustancioso para el empresariado.

El proyecto todavía espera para encontrar su versión definitiva y establecer el capital político con el que contará para atravesar el Congreso y el aval de la CGT que, a través del titular de la UOCRA Gerardo Martínez participa de las reuniones del Consejo de Mayo. Las formales y las informales también.