Cámara Federal de Paraná revocó la absolución de 43 acusados por los incendios en las islas y ordenó seguir investigando

La Cámara Federal de Paraná revocó este jueves la absolución de 43 propietarios de campos acusados por los incendios en el humedal del Paraná entre marzo y septiembre de 2020 y en hechos similares hasta 2022. Así, le ordenó al juez federal Daniel Alonso que revierta su decisión del 4 de abril pasado. Aunque la segunda instancia dictó falta de mérito para los imputados, aclaró que si bien no hay elementos para condenarlos, tampoco los hay para desligarlos de los estragos al medio ambiente en las islas y las consecuencias para los habitantes de Rosario por el humo y las cenizas que cubrieron la ciudad. Sobre esto último, incorporó como elemento los siniestros viales causados por la baja visibilidad en las rutas.

El tribunal hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Claudio Kishimoto contra el sobreseimiento. Los jueces Mateo Busaniche y Mariela Rojas votaron a favor del pedido de Fiscalía. Lo contrario hizo la magistrada Beatriz Aranguren. La causa penal, entonces, volverá a manos de Alonso y seguirá su curso.

En la resolución, Busaniche y Rojas consideraron la necesidad de “profundizar la investigación a los fines de dilucidar los extremos de las imputaciones efectuadas y de este modo, reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho que se investiga, luciendo más razonable al estado de la presentes, el dictado de la falta de mérito de los encartados”. Pero aclararon que esta figura “es una situación intermedia entre el sobreseimiento definitivo y el procesamiento». Y, por eso, «no concluye la investigación, sino que impone avanzar en la producción de medidas probatorias tendientes a lograr la convicción suficiente que permita el dictado de auto de procesamiento o bien, la certeza que habilite el sobreseimiento».

Cinco años y medio, 43 involucrados
La Municipalidad de Rosario inició la demanda el 4 de marzo de 2020. Luego se agregaron 11 presentaciones más. La investigación fue caratulada como “Baggio, Rufino Pablo y otros s/incendio u otro estrago (Art. 186º Inc. 1) y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves pretenso querellante: Asociación Civil Con Personería Jurídica Cuenca Rio Paraná y otros”.

La desvinculación que dictó el juez Federal 2 de Paraná y ahora quedó revocada alcanzaba a Enzo Vignale, Esteban Morist, Raúl Morist y Rachinsky, Julián Luraschi, José Vincenti, Hebe Casanova, Vicente Casanova, José Risso y María Risso. También a Andrés Risso, Mateo Beltrán Risso, Agustina Risso, José Gabirondo, Rut Noemí Mass, Adolfo Mass, Mónica Mass, Alejandro Agustoni, Enzo Mariani y Vanesa Cuello. Además, Diego Cuello, Diego Ramajo, Antonio Mastrizzi, Olga Valdez, Héctor Soria, Iván Juárez, Hipólito Maceratesi, José Maceratesi, Mario Dura, Miguel Dura, Laura Becherucci y Rufino Baggio. A ellos se suman Alicia Lorenzo, Guillermo Cabruja, Horacio Parera, Gerardo Nothardt, Graciela Omedes, Amelia Barinotto, Marisa Giurgiovich, Mateo Alberto Risso y Mónica Franzoni. Por último, comprende a Diana Mass y Juan Paladini Concina.

Los 43 propietarios de campos en las islas seguirán ligados al expediente con una “falta de mérito”, por lo que deberán seguir siendo investigados.

El rechazo a la desvinculación
En su rechazo a la absolución, el fiscal Kishimoto había resaltado el daño ambiental producido por los incendios que, dijo, el juez Alonso «olvidó mencionar» en cuanto a una posible «conducta omisiva» aun cuando no se pueda demostrar una «activa o positiva».

En declaraciones radiales, Kishimoto abundó sobre el punto: «No se los vio prendiendo un fósforo en ese lugar pero sí hay una conducta negligente que, para nosotros, está acreditada». Siguió: «Dijeron saber sobre actitudes ilegales en las islas, pero no hay denuncias y eso es lo que más me preocupa. Es una actitud de que no les importa que les afecte su propiedad pero también están afectando a la propiedad o a la salud de otra gente». El fiscal añadió: «En los dichos de estas personas está la llave de que esto es un obrar negligente».

La parte acusadora sumó, entre sus argumentos, el tema de la contaminación del aire con cita al Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Granadero Baigorria. Fue el que registró con sus instrumentos un nivel de material particulado en el aire que cuadruplicaba el máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los siniestros viales
La Cámara incorporó como dato el avance del humo de las quemas sobre rutas y autopistas y sus consecuencias: la drástica reducción de la visibilidad y con ello siniestros que en algunos casos fueron fatales.

Un ejemplo, el 20 de julio del 2022. Ese día, en la autopista Rosario-Buenos Aires hubo dos personas murieron en sendos siniestros en medio del humo y la neblina. Ocurrieron entre el kilómetro 238 y el 245, en el tramo que va de Villa Constitución a San Nicolás.

Un mes después, el 19 de agosto del 2022, dos choferes murieron en un choque frontal de camiones sobre la ruta nacional 174, que une Rosario con Victoria. Y aunque en ese momento el entonces jefe de Bomberos Voluntarios de Victoria, Diego Romero, y testigos aseguraron que había buenas condiciones de visibilidad, las fotos sacadas poco después del choque retrataron la presencia de espeso humo. Además, por eso mismo, hubo un cierre del tránsito.

El fiscal Kishimoto expuso que el Escuadrón Núcleo 46 “Rosario-Victoria” de Gendarmería Nacional asentó en varios informes la presencia de humo que junto a la neblina matinal disminuyó la visibilidad en el sector donde se produjo el siniestro.

“En tales oportunidades, dicha fuerza (en referencia a Gendarmería) destaca la complejidad que implica verificar su origen y actuar en consecuencia, y señala que no cuenta con los medios logísticos y el personal idóneo para llevar a cabo trabajos de investigación de esa índole, limitándose a brindar apoyo en lo que respecta a seguridad vial”, escribió el fiscal en la apelación de los sobreseimientos.

Implicados
El número inicial de involucrados en la causa penal federal fue de 58 personas, casi todos oriundos de Rosario y de Victoria. Sin embargo, en el proceso de investigación se constató que 14 habían fallecido. Algunos de los acusados declararon en varias oportunidades. Y algunos de los apellidos también figuran en otras causas por incendios pero en demandas civiles.