“Nuestra política de seguridad es derrumbar los búnkers de droga y que los delincuentes estén en la cárcel”

La vicegobernadora participó en Rosario del derribo de un inmueble ligado a una facción de la banda de “Los Cantero”. Desde la promulgación de la Ley de Microtráfico se han inactivado 70 puntos de venta en toda la provincia. “El objetivo es que los lugares donde ellos transitaban no existan más”, afirmó.

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Este jueves, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, junto al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron el derribo de un inmueble que funcionaba como búnker de venta de drogas en la intersección de Rueda y Príncipe de Gales, en Rosario. El lugar estaba vinculado a una facción de la organización criminal de “Los Cantero”.
En el operativo, Scaglia destacó tanto la vigencia de la Ley de Microtráfico como “la política de seguridad de este Gobierno que, sin miedo y con mucha valentía, trabaja junto a la Justicia y al MPA para poner lo necesario”.
La vicegobernadora señaló que el objetivo es que “los delincuentes estén en la cárcel y los lugares donde ellos transitaban no existan más ni sigan perturbando la vida del barrio”, de modo que se pueda “empezar a llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas, para que sepan que no van a ser espacios que ocuparán otros”, subrayó.

70 búnkers derribados

El ministro Cococcioni, por su parte, precisó que con la aplicación de la Ley de Microtráfico “hoy estamos llegando a 70 búnkers derribados en la provincia, la mayoría en Rosario”. Explicó que el inmueble destruido “no solo se utilizaba para vender drogas, sino que también presentaba otros indicadores de criminalidad, como disparos de armas de fuego con heridos, personas armadas y actividades sospechosas”.
En relación con la construcción, indicó que “en su origen no era precaria, pero hoy prácticamente era inutilizable para otro fin que no fuese la actividad ilícita a la que estaba destinada”. En este sentido, sostuvo que “la mejor forma de cortar la actividad y asegurar que no se reinstalen es desmantelarlo y derrumbarlo para que no vuelva a ser utilizado”. Y concluyó que desde el Gobierno provincial “vamos a seguir hasta que los delincuentes no tengan un lugar donde esconderse y continuar con actividades criminales”.
El fiscal del MPA, Franco Carbone, valoró la Ley de Microtráfico como “una medida muy efectiva no solo por el impacto simbólico en el barrio y en la organización criminal, sino por el efecto real”. Recordó que en la zona del derribo “los allanamientos comenzaron en 2023; en un radio de 300 metros tenemos incidencias que reportan violencias de todo tipo, vinculadas a una de las bandas más importantes que operó en la ciudad, a la que venimos encarcelando distintos eslabones de la cadena y cortándoles los lazos”.

La Ley de Microtráfico

La provincia de Santa Fe cuenta desde finales de 2023 con la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La norma habilita la inactivación de puestos de venta de drogas y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.
Desde su puesta en marcha, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha intervenido cerca de 70 espacios en todo el territorio provincial. Estos operativos se llevan a cabo desde principios de 2024 en un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía santafesina y los gobiernos locales.

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