Un estudio académico recomienda reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

Una vez más, el debate sobre la duración de la jornada laboral en Argentina vuelve a captar el centro de la escena política. Según un nuevo estudio académico, elaborado por equipos interdisciplinarios de investigadores de tres universidades públicas nacionales, el país arrastra un régimen que no se modifica desde 1929: 48 horas semanales como tope legal. Hoy, mientras dos tercios del mundo ya adoptó límites menores, Argentina permanece entre las naciones con jornadas más extensas junto a Bolivia, Guatemala, México y Paraguay.

El Consorcio de Estudios Metropolitanos (CEM), integrado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), difundió este mes un extenso estudio sobre el tema. El documento, titulado La reducción de la jornada laboral, fue elaborado por un equipo coordinado por Matías Barroetaveña y escrito por Darío Romano con la colaboración de Juan Ignacio Giacosa.

Su conclusión principal es clara: Argentina necesita adecuar su normativa y reducir gradualmente la jornada máxima a un rango entre 40 y 42 horas semanales, siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la experiencia de países de la región.

En tanto, para el CEM, se trata de una medida que podría mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores, incrementar la productividad y, al mismo tiempo, dinamizar la economía.

 El punto de partida: un régimen centenario
El estudio recuerda que la Ley 11.544, sancionada en 1929, fijó en 8 horas diarias –seis días por semana– o 48 horas semanales el máximo permitido de trabajo. Ese régimen, producto de luchas sindicales y de la adhesión al Convenio Nº 1 de la OIT, nunca fue modificado de manera general, aunque sí hubo convenios colectivos que redujeron el límite en algunos sectores.

En contraste, en 1935, la propia OIT ya recomendaba avanzar hacia las 40 horas semanales como forma de combatir el desempleo tras la crisis del 29. Décadas después, la Recomendación Nº 116 volvió a insistir en la reducción paulatina de la jornada.

Argentina quedó al margen: mientras Colombia ya bajó a 42 horas, Chile proyecta llegar a 40 en 2028, y Ecuador ya lo estableció por ley, en este territorio los proyectos se acumulan en el Congreso sin prosperar.

Los argumentos a favor
El CEM organiza los motivos para avanzar en tres grandes bloques: normativos, psicosociales y económico-laborales.

Normativos
Sostienen que el país mantiene una regulación de hace casi un siglo. Afirman que esta normativa quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos y productivos, dejando a la Argentina en desventaja incluso dentro de América Latina.

Psicosociales
En este sentido, remarcan los efectos nocivos de las largas jornadas laborales, basados en evidencia. Por ejemplo, sostienen que hay estudios internacionales que demuestran que trabajar más de 40 horas ocasiona mayores niveles de depresión, ansiedad, problemas de sueño y enfermedades cardíacas. A su vez, la OIT advierte que la sobre exigencia se traduce en más ausentismo, menor motivación, rotación de personal y accidentes laborales. Reducir horas no sólo protege la salud: también baja los costos asociados a enfermedades y siniestralidad.

Económicos y laborales
La reducción permite repartir el trabajo. La experiencia coreana es paradigmática: entre 2004 y 2011, al pasar de 44 a 40 horas, se crearon 2,7 millones de puestos. En España, un estudio reciente calculó que bajar de 40 a 37,5 horas podría generar 134 mil empleos. En Colombia, la rebaja de 48 a 42 horas desde 2021 coincidió con la creación de 1,5 millones de empleos hasta enero de 2025.

En Argentina, el CEM sostiene que una reducción ayudaría a compensar la pérdida salarial sufrida desde 2013, a reducir la sobreocupación (hoy un cuarto de los trabajadores pasa las 45 horas semanales) y liberar tiempo para quienes desean trabajar más, pero no consiguen horas.

 El Congreso, enredado
Entre 2022 y 2024 se presentaron 12 proyectos de ley para reducir la jornada. La mayoría provino del Frente de Todos y Unión por la Patria, que proponían bajar a 36 horas semanales. El FIT fue más allá: 30 horas. La UCR, en cambio, impulsó un esquema optativo de distribución flexible manteniendo el tope en 48.

El punto medio apareció en 2022, cuando un grupo de diputados oficialistas propuso llevarla a 40 horas, con límite de 8 diarias. Ese proyecto no prosperó, pero se mantiene como la opción más negociable.

El problema es la falta de consenso. Mientras sectores progresistas insisten en avanzar, los bloques conservadores y parte del empresariado rechazan cualquier modificación. En la práctica, el tema sigue en comisión.

Recomendaciones y hoja de ruta
El CEM propone un camino intermedio: reducir a 40-42 horas en un plazo de cinco a siete años, con implementación gradual y acompañamiento a las empresas.

El equipo también sugiere medidas de adaptabilidad (jornadas promedio mensuales, teletrabajo, esquemas comprimidos) y apoyos fiscales o reducciones de aportes patronales para las pymes.

En definitiva, plantea que la Argentina no puede seguir rezagada frente al mundo. Pero tampoco se trata de un salto brusco: el éxito depende de un diálogo social sostenido entre sindicatos, empresarios y Estado.

La reducción de la jornada laboral no es, por sí sola, la solución a esos problemas. Pero puede ser parte de una estrategia más amplia: repartir mejor el trabajo, proteger la salud física, mental y emocional, mejorar ingresos, y favorecer la igualdad de género.

En palabras del informe, “la Argentina debe emprender un camino en sintonía con el mundo y la región”. El desafío es político: convertir una recomendación académica en una política pública que modifique, por primera vez en casi cien años, la forma en que se organiza el tiempo de trabajo en el país.