A reactivar: el gobierno de Santa Fe convocó a una audiencia a interventores de Vicentin, a los gremios y a las empresas que quieren hacer contratos

El gobierno de Santa Fe citó a una audiencia a los interventores de la empresa Vicentin –designados por el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien desplazó por 120 días a los directivos de la firma en default–; a los gremios de trabajadores –entre los que están la mayoritaria Federación de Aceiteros y Desmotadores (FTCIODYARA), junto al Sindicato de la Carne (Frigorífico Friar) y Textiles (Algodonera Avellaneda)– y empresas que forman parte del conglomerado que busca retomar las actividades de la agroexportadora. “La convocatoria es para seguir trabajando en el tema salarial y de la actividad con las empresas fasoneras”, explicó a El Ciudadano el titular del el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de General Obligado, Leandro “Peki” Monzón. El llamado lo lanzó el Ministerio de Trabajo de la provincia, y el encuentro se concretará este el martes 6 de mayo a las 11 en la sede Rosario de la cartera laboral.

En diálogo con este diario, Monzón, quien además fue elegido en 2020 como uno de los dos representantes de los trabajadores aceiteros –junto a un dirigente del SOEA de San Lorenzo– en el Comité de Control del concurso preventivo de acreedores de Vicentin, confirmó que se trata de un paso imprescindible para la continuidad productiva –y por ende laboral– de la agroexportadora de Avellaneda, que siguió acumulando deuda posconcursal.

El directorio de Vicentin, ahora apartado por cuatro meses de la conducción– venía intentando amarrar la permanencia de los puestos laborales y la actividad de todas las plantas y puertos, a que se aceptara su propuesta de pago a una porción de los acreedores, para lo cual elaboró un plan de traspaso de activos a terceros que implicaba un desmembramiento del grupo. La maniobra fue objetada judicialmente y finalmente demolida por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que la anuló. Los representantes del directorio de la firma acudieron esta semana, ya como última brazada, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe definir –sin plazos– si considera admisible el recurso de queja presentado. Y, si lo hace, avocarse después a la cuestión. Fuentes consultadas por este diario deslizaron que no parece un camino viable, pero tratándose del máximo tribunal del país nada está dicho de antemano.

Mientras Vicentin impulsa su propuesta de plan de pagos de su megadeuda, otros acreedores empujan para el lado contrario: buscan que se habilite, ya a más de cinco años del default declarado a fines de 2019 –y con una frustrada expropiación anunciada y luego disuelta por parte del anterior gobierno del presidente Alberto Fernández– la vía del salvataje, conocido con la palabra cramdown para retomar con todos los mecanismos la actividad exportadora y de procesamiento de granos, fuertemente lucrativa para todas las firmas del sector, salvo para la empresa originaria de Avellaneda.

En ese marco, lo que más preocupa al titular del gremio del norte santafesino es la continuidad de todos los puestos laborales y la puesta al día de salarios con el convenio colectivo de Aceiteros: en la actualidad se adeuda un 20% de los salarios de marzo, cuando el calendario ya entró en mayo. Por ello tienen fuertes expectativas en la reunión que se celebrará el próximo martes en Rosario.

Por su parte, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, se hizo eco de la cuestión: “Nosotros estamos interviniendo en este conflicto por el hecho de que hay una parte de los sueldos de marzo que todavía no se terminan de pagar y, seguramente, van a venir cuestionamiento de cuáles son las perspectivas para el pago de los salarios de abril en el mes de mayo”, dijo el titular de la cartera laboral al portal Aire de Santa Fe.

El funcionario provincial explicó que la convocatoria a los interventores, a los gremios incluyó a “las empresas que han presentado una propuesta formal” de trabajo en las plantas de Vicentin, que “están siendo evaluadas por los interventores”.

“Van a tener unos cuantos días para interiorizarse y hacer sus cuestionamientos”, marcó Báscolo. Y abundó que el recurso en queja presentado ante la Corte por los abogados del directorio –del cual cuatro integrantes están presos– “no frena el proceso que se está llevando adelante, sino que eso va en paralelo”.

“Nosotros estamos trabajando con los actuales interventores en lo que nos habíamos comprometido, que era conseguir nuevos fasones para poder poner en marcha la planta de San Lorenzo”, subrayó.

«El foco principal está puesto en reactivar la planta de San Lorenzo que trabaja con soja y que requiere un volumen de unas 300.000 o 40.000 toneladas mensuales», cerró el ministro Báscolo. La cuestión es estratégica: se está precisamente en el pico de liquidación de la cosecha gruesa, que usualmente se transita en el segundo trimestre.