Córdoba le marca la cancha a la Nación en la Corte por una deuda que supera el billón de pesos

La tensión entre Córdoba y el gobierno nacional tuvo este martes un nuevo capítulo en la Corte Suprema. A pedido del máximo tribunal, se realizó en los tribunales porteños de la calle Talcahuano una audiencia de conciliación entre ambas partes por una deuda que, según estimaciones provinciales, supera el billón de pesos. El gobernador Martín Llaryora llegó pasadas las 11 acompañado de una comitiva de alto nivel, con el objetivo de destrabar el conflicto por los fondos que la Ansés adeuda a la Caja de Jubilaciones cordobesa.

El reclamo no es nuevo, pero la audiencia marcó un punto de inflexión. La deuda nominal original sería de más de $300.000 millones, pero con los intereses acumulados por el paso del tiempo ya habría trepado a cifras cercanas a 1 billón de pesos. La provincia decidió llevar el caso ante la Corte tras no encontrar respuesta política ni administrativa en los canales habituales. Y ahora, con la Justicia de por medio, busca avanzar no solo con un cobro en efectivo, sino también con un canje de bienes nacionales que incluye tierras, infraestructura y hasta una central nuclear.

“Creo que lo que está haciendo la Corte hoy es un llamado a la reflexión, llamando a una audiencia entre las partes antes de emitir un fallo, para decir volvamos a los cánones institucionales, esto es defender la República”, lanzó Llaryora, visiblemente conforme con la convocatoria del máximo tribunal. “Felicito a los miembros de la Corte por tomar esta determinación y generar este encuentro”, agregó, buscando mostrar voluntad de diálogo pero sin ceder en el reclamo.

La propuesta cordobesa incluye una lista llamativa: terrenos del Estado nacional, desarrollos del plan Procrear, la Central Nuclear de Embalse, la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), cerca de 11.000 hectáreas de la Reserva Natural de Defensa “La Calera” y una cárcel federal que todavía no se construyó. Todo eso podría formar parte de un acuerdo bajo el paraguas del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, impulsado por la administración libertaria de Javier Milei.

La comitiva provincial estuvo integrada también por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el presidente de la Caja, Adrián Daniele, y un equipo de abogados. El gesto político de Llaryora de encabezar en persona la negociación judicial es leído en Córdoba como una señal de firmeza ante la Nación. En ese mismo sentido, remarcaron que Córdoba es la primera de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la órbita nacional en llegar a esta instancia judicial.

La definición que adopte la Corte en este caso podría sentar jurisprudencia clave para los reclamos de otras provincias en la misma situación. Por eso, la audiencia no sólo se sigue con atención en Córdoba, sino también en distritos como Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones y Chaco. Y en Santa Fe: todas conservan sus propias Cajas y mantienen conflictos similares con el gobierno central.

Según informaron fuentes del tribunal, la audiencia se desarrolló en un clima cordial, aunque no hubo avances concretos en un acuerdo. La Corte evitaría por ahora un pronunciamiento definitivo, a la espera de que las partes puedan avanzar en una solución consensuada. Si no hay avances, el fallo podría llegar en los próximos meses y marcar un fuerte precedente institucional sobre la autonomía previsional de las provincias.