Claudia
Cuatro directivos de la megafirma Vicentin, que decretó un pagadiós al unísono de que su principal benefactor Mauricio Macri dejaba el gobierno, serán imputados por nuevos hechos de estafa en la causa penal que se le sigue al directorio en Rosario, dejó trascender el MPA.
Mientras tanto, tres mil trabajadores aún no cobraron el último cuarto de su sueldo, luego de que la empresa –que acumula una deuda post concursal de $ 5.000 mil millones– intentara responsabilizar a la Corte provincial por la caída del acuerdo con parte de sus acreedores.
Según fuentes del caso, la Fiscalía de Delitos Económicos sospecha por denuncias de los socios minoritarios que gerentes de la compañía pagaban gastos personales con fondos de Vicentin.
Omar Scarel, uno de cuatro ejecutivos detenidos en los últimos días, no sólo está bajo la mira en este caso defraudatorio sino que aparece señalado por el arrepentido de la ex Afip Carlos Vaudagna como su nexo para beneficiar a Vicentin durante el macrismo con reintegros del IVA.
Según publicó Aire de Santa Fe, Vaudagna admitió que benefició a la cerealera al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años macristas: 2016, 2017, 2018 y 2019.
El exjefe de la Afip en Rosario y Santa Fe también reconoció que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de Arca que estaban a cargo en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vícentín SAIC.
La maniobra de Vaudagna, según admitió, fue evitar que sean impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la ex AFIP, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la empresa.
En la audiencia también comparecerán los otros tres directivos detenidos: Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze. El inicio está previsto para las 14 en el Centro de Justicia Penal, ante el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy. Acusarán los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja.
La defensa, en la previa, siguió en la misma lógica de los últimos meses, o sea culpar a la Justicia provincial por no avalar el acuerdo con parte de los acreedores –justo los mismos que tenían los contratos a fasón de las plantas de San Lorenzo y Ricardone–, y tomar a los trabajadores como rehenes a no pagar sus salarios.
“Cada vez que avanza el concurso, aparece una maniobra judicial en contra”, dijo el defensor privado Jorge Ilharrescondo, quien en los medios cuestionó la legalidad de los 20 allanamientos y acusó a la Justicia penal de interferir en el concurso. También apuntó a la coincidencia temporal entre las detenciones y el dictamen de un fiscal –que no es vinculante- que pretende habilitar un recurso a la Corte Suprema nacional.
