Se entregaron otros dos directivos buscados por el mega fraude de Vicentin y ya son cuatro los detenidos

Los ex directivos de Vicentin Omar Adolfo Scarel y Alberto Julián Macua se presentaron este sábado en la sede de la Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Sobre ambos pesaban órdenes de captura emitidas el viernes, cuando tras una veintena de allanamientos quedaron detenidos otros ex gerenciadores de la corporación acusados de los delitos de estafa, fraude y de integrar una asociación ilícita: Daniel Buyatti, ex presidente de la firma, y Roberto Gazze, ex integrante de su directorio.

El pedido de allanamientos y las órdenes de captura fueron emitidos por el fiscal Sebastián Narvaja, del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.

Narvaja y su colega Miguel Moreno le adjudican a Buyatti y Gazze ser jefes de una organización criminal montada para cometer una monumental estafa que derivó en el vaciamiento y caída de la poderosa agroexportadora.

Son 17 en la mira por el desfalco de us$ 1.500 millones
En total, hay 17 ex integrantes de la empresa con poder de decisión que están en la mira de la justicia por el desfalco que dejó unos 1.500 millones de dólares de deuda.

Perjudicados fueron desde productores que entregaron granos y nunca cobraron hasta entidades financieras. Incluso, varias del exterior. Y el Banco Nación, que durante la gestión macrista le otorgó un préstamo a la firma aun cuando ya era un secreto a voces que su estado financiero era insostenible.

En breve serán las audiencias imputativas a los cuatro detenidos, en las que se resolverá si se pide su prisión preventiva para asegurar las pruebas. Es que varios de ellos, después de iniciada la causa en 2020, continuaron realizando maniobras para encubrir sus responsabilidades y las ganancias patrimoniales obtenidas con las estafas.

Los más comprometidos

Los fiscales Narvaja y Moreno pidieron, a fines de 2023, la mayor condena para Gazze, nacido en Reconquista pero domiciliado en Funes: 17 años de prisión. Era Director de Administración, Finanzas y Recursos Humanos de la empresa. Junto con Alberto Macua, Miguel Vallazza y Javier Gazze, manejaban los números. Se lo considera uno de los cuatro jefes de la asociación ilícita creada para cometer 43 estafas y administración fraudulenta en 5 hechos.

En sus presentaciones, los fiscales indicaron que «Gazze, con posterioridad al anuncio público de estrés financiero, cometió maniobras de disipación de activos». Entre ellas, transferencias de grandes sumas de dinero a bancos extranjeros, transferencia de acciones y creación de empresas en cabeza de sus hijos «a los fines de encubrir su patrimonio y de esta manera eludir las consecuencias patrimoniales de los ilícitos investigados».

Detectaron también una transferencia de un millón de dólares desde Vicentín saic, con aprobación del directorio, «sin dejar registro en acta alguna». Eso fue el 19 de julio de 2019. El dinero fue primero a una cuenta de Gazze, y luego siguió un recorrido destinado a borrar su rastro.

El fiscal Moreno confirmó la semana pasada que hay una nueva causa penal que se tramita en los tribunales de Rosario pero que se lo hace por separado para no retrasar la principal, en la cual él y Narvaja pidieron la elevación a juicio oral y público.

Maniobras antes y después de la caída en desgracia
A Buyatti, radicado en Rosario y ex presidente del directorio de Vicentin, los fiscales le atribuyen 49 hechos delictivos. Lo consideran jefe de la asociación ilícita y pidieron una condena de 16 años de prisión.

Buyatti también, según la investigación, desvió plata. En el periodo investigado (2017-2020) y junto a su mujer, Geraldín Vicentin, tenían una cuenta en Suiza. En 2020, había en la misma 450.000 dólares, que les transfirieron a sus tres hijos en concepto de «donación» para, como Gazze, diluir los beneficios económicos de los delitos que se les atribuyen.

El concurso de acreedores, también complicado
Los allanamientos del viernes tuvieron por objetivos domicilios de las ciudades santafesinas de Rosario, Reconquista y Avellaneda, la bonaerense de Adrogué y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron ejecutados por Gendarmería Nacional.

Además de la causa penal que tramitan Narvaja y Moreno, esos operativos impactan en el proceso concursal de Vicentin, que de por sí arrastra numerosos vaivenes judiciales.

El último capítulo de esa saga lo protagonizó la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad solicitado por el grupo Grassi, que reúne a varios acreedores y compró la deuda de Vicentin con un conjunto de bancos extranjeros. Con ese fallo, se frenó la homologación del concurso de acreedores de la agroexportadora.

Y todo puede escalar. Este viernes, el fiscal de Cámaras de Apelación Nº1, Miguel Ángel Molinari, avaló el pedido realizado por el directorio de Vicentin para interponer un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema nacional y así desactivar la decisión de la Corte santafesina.