La senadora Losada y el ministro Cúneo Libarona fueron denunciados por exponer a una víctima de abuso

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la senadora radical por Santa Fe Carolina Losada fueron denunciados penalmente como responsables de una situación de alta crueldad en perjuicio de una joven de 18 años, que fue víctima de los abusos sexuales de su padre.

El 20 de noviembre, organizaron una jornada pública en el Senado de la Nación para impulsar el proyecto de “falsas denuncias” que impulsa la senadora radical, con el visto bueno del ministro de La Libertad Avanza. La propuesta consiste en agravar las penas en el caso de falsas denuncias, máxime cuando se trata “por motivos de género”.

Para sustentar la iniciativa, llevaron a una víctima de abuso intrafamiliar, Anet Jazmín C., para contradecir la denuncia que condenó a su padre, Julio César Carro, por actos de pedofilia.

«Losada y Cúneo Libarona utilizaron el ámbito institucional del Senado de la Nación para favorecer a un condenado por graves delitos de pedofilia. Para esa finalidad, además de mentir, expusieron a graves riesgos en su integridad psicofísica a la joven XX de dieciocho años de edad», dice la denuncia que firman los directivos de la ONG Aevas (Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales), el ex juez Carlos Alberto Rozanski y las psicólogas rosarinas Bettina Calvi y Natalia Amatiello ante el Juzgado Federal n° 3 de Ciudad de Buenos Aires por encubrimiento agravado, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y violación de deberes de funcionario público.

“Los denunciados expusieron con grave riesgo para su salud psico física a una joven que fue abusada sexualmente y cuyo padre fue condenado a 15 años de prisión. Sucedió en el propio Senado de la nación y no hay antecedentes de semejante brutalidad en ese ámbito de parte una senadora y un ministro del poder ejecutivo”, señaló el ex juez en su cuenta de X.

«La senadora Losada, en connivencia con el ministro Cúneo Libarona, llevaron a la joven a que leyera -como si fueran dichos propios-, un texto ficcional, ajeno a su voluntad acreditada en el juicio, que le entregaron ya confeccionado los sindicados por esta denuncia y valiéndose de sus cargos institucionales», señala el texto de la denuncia en una nota de la periodista Sonia Tessa publicada en Página/12.

“La joven padece un grave daño en su salud mental a raíz de los delitos aberrantes padecidos cuando tenía entre seis y diez años. El escrito que hicieron leer a la víctima no sólo contiene falsedades, sino que además la ubican incriminándose y contradiciendo sus propios dichos, respecto de la prueba contundente que motivó la condena de su padre», señala la denuncia presentada y agrega que “la joven repitió la retractación a la que fue obligada por ambos padres y que luego fuera contradicha por la abundante prueba colectada durante el proceso».

Su padre, Julio César Carro, fue condenado en la provincia de Córdoba el 14 de marzo de 2023 como “autor de abuso sexual gravemente ultrajante triplemente calificado por el grave daño en salud mental de la víctima, el vínculo y la situación de convivencia preexistente».

La denuncia contra Losada y Cúneo Libarona se basa en la violación expresa de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes incluida en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belem do Para- firmada por Argentina el 6 de octubre de 1994. Señala que la legisladora y el ministro «violaron seriamente sus deberes como funcionarios públicos» por cuanto desde los poderes que integran «expusieron y fomentaron la retractación de una víctima afectada en su integridad psíquica”.

“Losada y Cúneo Libarona representan lo peor del patriarcado, la discriminación y la misoginia. Ambos generaron un escenario de agresión hacia las víctimas de abusos y de defensa de los acusados y condenados por pedofilia. Si bien en lo particular del caso su objetivo fue incidir en una decisión específica de un tribunal judicial, lo que en sí mismo es gravísimo para la institucionalidad, su mensaje es aún más amplio y peligroso. Para ello utilizaron sus cargos en dos poderes del Estado, así como los recursos económicos y comunicacionales como el canal oficial del Senado de la Nación y las redes sociales”, resume la denuncia que acompañaron diversas personalidades e instituciones en defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia.