
El Senado convirtió este jueves por unanimidad ley el proyecto de Discapacidad, que réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre, y que habían sido rechazado el año pasado por el Gobierno Nacional.
A un año de haber rechazado la ley de emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios de la ley de emergencia que había vetado el año pasado, y luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad.
La iniciativa fue aprobado por los 71 legisladores que estaban presentes.
La sesión que se inició pasadas las 11, incluye el tratamiento de los proyectos de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Propiedad Privada para restablecer la Ley de Tierras, Ley Joaquín, entre otros temas.
Previo a la discusión del dictamen sobre discapacidad, se dio ingreso formal a una serie de pliegos para ocupar cargos en la justicia, y se votó el ascenso al grado inmediato superior al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, quien es titular de la Casa Militar.
El pliego se aprobó por 59 votos afirmativos, 3 votos negativos y 1 abstención que y tiene vigencia desde fines del 31 de diciembre del 2025.
También, se votaron diversos mociones para trato preferencial a un conjunto de proyectos en la última sesión que se celebrará el 26 de noviembre, entre los que figura una prórroga del Estatuto del Periodista.
Discapacidad
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año más, como querían organizaciones de discapacidad.
«La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo».
Desde la oposición, la ex gobernadora y senadora peronista, Alicia Kirchner, afirmó que «ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida»
«Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva», expresó.
La senadora peronista catamarqueña, Lucía Corpacci, dijo que al presidente Javier Milei «no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado» y dijo que esta ley sale «porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle».
«Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena», planteó.
Agregó que «por lo menos le vamos a poder garantizar a los discapacitados que la ley de emergencia no se cae y no están desprotegidos del todo, aunque ya están desprotegidos».
La senadora de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dijo que es necesario «optimizar recursos y acompañar a las provincias porque eso garantiza los servicios a las familias con personas con discapacidad. Esas garantías de los servicios se traduce en derechos adquiridos de personas con discapacidad»,
El presidente del bloque del PRO, Martin Goerling Lara, dijo que «la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto”.
Por su parte, el radical Maximiliano Abad, dijo que «es fundamental dejar atrás las respuestas de emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad»
» Durante los últimos años vimos profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos”, expresó Abad durante el debate en el recinto.
La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que esta ley «es un acuerdo social y un acuerdo político» y dijo que las prestaciones «son mas adecuadas que se habían votado en las emergencias y en los parches».
Reconoció las situaciones difíciles atravesadas durante estos dos años, «las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas», y remarcó que la nueva ley «reconoce esa realidad y establece un marco de mayor certeza».
«Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa» agregó.
Agregó que la diferencia con la emergencia se está «votando una ley donde se establece de donde saldrán los fondos» solventar estas prestaciones.
Detalles
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.
De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.
Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.


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