Cuidando al magistrado: fiscales comenzaron a acusar a Bailaque en el marco de un blindaje judicial a la imagen del juez

Una audiencia multipropósito tuvo lugar este jueves en los Tribunales federales, a pocos meses de la entrada en vigor del sistema procesal penal federal que pretende transparentar el oscurantismo que reinó allí por décadas. Entre los protagonistas, sentado en el banquillo de los acusados, estuvo el juez federal Marcelo Bailaque, investigado por “incorrecciones funcionales” presuntamente cometidas al menos en tres causas, resumió una fuente del caso. Lo que llamó la atención, en una audiencia fijada bajo el sistema acusatorio puesto en marcha en mayo último, fueron las disposiciones del tribunal respecto de la prensa.

Según informaron empleados de las fuerzas federales, por orden del magistrado que presidió la audiencia, Eduardo Rodrigues Da Cruz, estaba impedido el ingreso de fotógrafos y camarógrafos no solo a la sala, sino directamente al edificio. Tampoco permitió a los periodistas la utilización de lo que hoy resulta una herramienta fundamental de trabajo: el celular. Además, este magistrado dispuso, antes de entrar al edificio, apagar los aparatos móviles, bajó la orden de que la labor periodística se lleve adelante a la vieja usanza, es decir, con un anotador y un lápiz, lo que luego fue revertido y se permitió tomar notas en computadora.

A estas disposiciones inauditas se sumó la utilización de un cordón humano de uniformados de la Policía Federal que se pararon frente a los trabajadores de prensa para evitar que periodistas observaran al juez Bailaque, quien se encontraba sentado de espaldas al público para escuchar las acusaciones por presuntos delitos de corrupción que los fiscales le endilgan.

La custodia policial en el interior de la sala estuvo atenta a cada movimiento de los trabajadores de prensa, uno de ellos con un puntero láser en mano y bajo la advertencia de que sacarían del recinto ante cualquier “acción inapropiada” de algún desacatado, según detallaron. En este contexto, cuando transcurrieron ya 24 años del Siglo XXI, y con una custodia estricta al magistrado de Garantías Rodrigues Da Cruz, se llevó adelante la audiencia.

Las causas
En la sala había representantes de la Fiscalía, o sea del organismo extrapoder -el Ministerio Público Fiscal- a cargo de las distintas causas que fueron exponiendo. la primera investigación a cargo Matías Scilabra de Procuradoría de Narcotráfico está vinculada con dos contadores que fueron sindicados de participar de la estructura delictiva del ladrón de autos devenido narco Esteban Alvarado, condenado entre otras causas por el transporte de 493 kilos de marihuana en General Roca en el año 2017. Esa causa fue instruida por Bailaque, sobre quien se sospecha que actuó recién cuando la suerte del capo estaba echada en otros expedientes.

La Fiscalía dijo que el contador Gabriel Mizzau asesoró contablemente a empresas vinculadas con la asociación ilícita liderada por Alvarado desde 2014 al 2018. Le achacaron la confección de estados contables, asesoramiento para subvaluar bienes, entre ellos unos lotes ubicados en Misiones al 800 de Roldán, donde Alvarado tenía su domicilio legal, y distintos trámites vinculados con la venta de rodados, habilitación municipal o manipulación de balances y facturas apócrifas. Acciones similares le achacaron al contador Eduardo Semino.

Para la Fiscalía, tanto Semino como Mizzau tenían pleno conocimiento de los estándares de la actividad en la que trabajaban, lo que les permitió representarse que esos bienes venían de una conducta ilícita y que se podían lavar.

La hipótesis es que ambos conocían el origen ilícito pero también sus conductas eran útiles y funcionales a los integrantes de la organización. Entiende la Fiscalía que prestaron asesoramientos contables que permitieron las maniobras de lavado de activos que se llevaron a cabo a través de las personas humanas y jurídicas.

En la indagatoria, fueron imputados por lavado de activos agravado por ser cometido en ejercicio de una profesión u oficio que requiere habilitación especial y pidieron prohibición de salida sin preautorización.

En cuanto a Bailaque, la Fiscalía dijo que hubo una noticia periodística que hizo referencia a una estrecha vinculación del contador Mizzau con un juez y a eso se sumó una denuncia de una diputada provincial respecto de Bailaque.

El contador de Alvarado era el mismo que tenía el juez con el que había una amistad prolongada, incluso el hijo del contador trabajaba en ese juzgado, dijo.

La actividad jurisdiccional, denegatoria de medidas desde diciembre del 2014 del juez Bailaque sobre escuchas telefónicas en la causa donde Alvarado era investigado junto a quien fuera su socio Luis Medina por tráfico de drogas, siguió hasta noviembre de 2015, lo que generó el retraso de la investigación que empezó en 2013, según interpretó la Fiscalía.

Tras explicar el contexto, la Fiscalía pidió algunas medidas investigativas, entre ellas las llamadas entrantes y salientes de Bailaque entre el 2014 y el 2018, para ver si tuvo otras comunicaciones con otros involucrados, además del contador Mizzau. Además, pidieron las declaraciones juradas del juez ante el Afip para saber qué profesional las firmó y para el caso que se autorice la apertura del celular secuestrado a Bailaque días atrás en su despacho, para determinar si hay alguna persona vinculada a las causas que se investigan.

La segunda investigación tiene eje en la Cooperativa de Trabajos Portuarios, pesquisa que está llevando adelante la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) que recayó sobre el entonces mandamás del sindicato portuario Herme Juarez por asociación ilícita en Buenos Aires  y luego terminó en manos de Bailaque.

En 2021 una denuncia dejó a la vista la transferencia de 1000 millones de pesos de la cooperativa investigada a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados provinciales perteneciente al grupo Unión, uno de cuyos titulares es amigo del juez, de acuerdo con lo que el propio Bailaque terminó reconociendo en forma tardía, cuando ya no le quedó resquicio para ocultar el vínculo y ante una intimación de la Cámara de Casación Penal, por sí o por no. Ahora enfrenta cargos por este vínculo -que nunca puso de manifiesto para evitar excusarse y poder girar los fondos al grupo Unión, según la interpretación de la Fiscalía-, no dcclarado a tiempo. Esta pesquisa la lleva el fiscal Federico Reynares.

La última investigación está relacionada con ex jefe de la delegación de Afip en Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna, entre otros funcionarios de Afip-Aduana, a cargo del fiscal Juan Argibay Molina. En la investigación penal contra los directivos de Vicentin por fraude los fiscales del fuero provincial hallaron en una caja de seguridad del hijo del presidente del directorio de Vicentin 200 mil dólares que luego Vaudagna dijo que eran de él.

En el fuero provincial, la investigación contra el funcionario de Afip terminó en una probation, pesquisa que fue cuestionada por la Justicia federal ante la Corte Nacional. Para el fuero extraordinario, este hombre integraba una red de funcionarios entre los que el Ministerio Público Fiscal estima que estaba Bailaque, para favorecer a contribuyentes que enfrentan causas penales económicas.

Al final de la tarde de este jueves, la defensa de Vaudagna pidió la recusación del juez Rodrigues Da Cruz, porque estuvo integrando el tribunal que tuvo a su ca una de las causas que enfrentó en el fuero federal Esteban Alvarado. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes..