Dos italianos y una chica rosarina querían salir del país con una bebé: allanamientos y sospechas

Por una denuncia de la Dirección de Migraciones, la Justicia federal inició una investigación sobre trata de personas, venta de niños o apropiación de menores al detectar a dos italianos que intentaban sacar del país a una beba de menos de dos semanas con autorización de la mujer gestante, una joven de 29 años (otras versiones decían que tenía 18 años de edad) de Rosario. Este viernes se avanzó en la pista de una organización, una empresa que habría contratado a la chica para gestar una niña a cambio de dinero y aprovechándose de sus necesidades económicas. En ese marco se concretó una decena de allanamientos en centros de salud privados y en otras oficinas de la ciudad: el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena envió a la Policía porteña para establecer el lugar en el que se hicieron los controles de embarazo y otros centros de salud, estudios de abogados y escribanías. Los nuevos procedimientos se suman a las que se desplegaron a principios de octubre sobre el mismo tipo de establecimientos, en una derivación de otro caso que se originó en Alemania.

Las sospechas sobre un potencial nuevo caso de subrogación de vientres y venta de bebés se dispararon el pasado miércoles 23 de octubre, cuando un joven de 26 años de nacionalidad italiana y una chica oriunda de Rosario se presentaron en el porteño Aeroparque Jorge Newbery para tramitar un permiso de viaje para que una bebé de 13 días saliera del país con su padre, certificando que éste era el joven italiano. Ante lo llamativo del pedido, que pretendía obtener autorización para el día siguiente, Migraciones intervino y comenzó a indagar sobre la situación del ciudadano extranjero y de la joven rosarina, y de cuál era su vínculo real. 

Ante la irregularidad de la situación, Migraciones no otorgó el permiso. Sin embargo, ambos insistieron: al día siguiente se presentaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para abordar un avión con destino a Francia.

El hombre, un médico oncólogo de la ciudad italiana de Padua, sería –de acuerdo a la documentación presentada– el padre de la beba. El personal de Migraciones solicitó la documentación de ambos progenitores y él entregó su pasaporte, ella su DNI y un pasaporte, y una partida de nacimiento de la beba.

La joven, que nunca había salido del país ni tenía pasaporte emitido, había tramitado la partida de nacimiento en un Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires, gestionado un pasaporte exprés y comprado su pasaje, todo en apenas 24 horas.

El hombre no estaba solo, sino con otro italiano, quien lo había acompañado en todos los viajes. Según trascendió, se había hospedado en Buenos Aires y habría proporcionado dos domicilios diferentes. En los registros se detectó que el joven italiano había visitado el país en tres oportunidades, una en julio de 2023 y otra a los nueve meses, en marzo de 2024: esta última tres días antes del nacimiento de la beba.

La situación derivó en una denuncia presentada por Migraciones que recayó en el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Villena. En ese marco, el fiscal Sergio Mola inició una investigación.

El pasado viernes 25 los cuatro se presentaron para viajar. Habían sacado un pasaje de un vuelo operado por Air Europa para el mediodía pero lo perdieron. Así que quisieron embarcar el avión de Air France antes de la medianoche.

Migraciones había emitido ya un alerta y cuando estaba por despegar el avión, el juez Villena firmó la prohibición de salida del país. Los cuatro fueron detenidos en el área de preembarque de Ezeiza.

Ahora allanaron la clínica en la que nació la bebé para obtener la historia clínica y el departamento aportado por los italianos. Secuestraron teléfonos y documentación. Y también otros centros médicos, entre ellos clínicas donde se realizan tratamientos de fertilización asistida.

Casos multiplicados

Este hecho ocurre en medio de una investigación más grande en manos de la jueza federal María Capuchetti y la fiscal Alejandra Mangano, que analiza 147 inscripciones en registros civiles de la ciudad de Buenos Aires desde 2018 hasta 2024 entre los que habría 49 casos de extranjeros sin residencia en el país. Por esos casos ya se habían ordenado allanamientos con secuestro de historias clínicas y documentación, en Rosario y en Buenos Aires la mayor parte. Y también a estudios de abogados y escribanías sospechados de dar cobertura legal y de documentación.

Este viernes la División de Delitos contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la Policía hizo procedimientos en clínicas y centros de salud de un conocido grupo de salud privada de Rosario. Según fuentes policiales, “los allanamientos fueron positivos y se recolectó información importante para la causa”.

Entre los investigados hay centros médicos, escribanos, abogados y otros intermediarios que ofrecerían mujeres para realizar la gestación, bajo el concepto “altruista” con el objetivo de eludir la falta de regulación en Argentina y anotar a los niños con partidas de nacimiento que no incluyan a la mujer gestante.

Según trascendió de la investigación el esquema apunta a la explotación del cuerpo de mujeres vulnerables, quienes son reclutadas mediante redes sociales para llevar adelante embarazos a cambio de dinero. Las mujeres gestantes, en su mayoría de pocos recursos económicos, recibían una compensación de 10.000 dólares, más un extra de 2.000 dólares si el parto se realizaba por cesárea. Sin embargo, en caso de que el embarazo se interrumpiera, las empresas responsables no abonaban más que los gastos mínimos mensuales. Estas mujeres estaban obligadas a realizar múltiples intentos hasta lograr el embarazo, lo que profundizaba su vulneración.

Los individuos y empresas jurídicas contra las que se dirige la investigación hacían publicidad de los servicios que brindaban a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, mediante el cual parejas que deseaban tener hijos y que no podían llevar adelante un embarazo, los contactaban.

La investigación avanzó sobre un sistema en el que las inscripciones de nacimiento se realizaban ante escribanos, sin intervención judicial, lo que facilitaba la comercialización de los recién nacidos. De los 147 casos de subrogación de vientres registrados entre 2018 y 2023, al menos 49 involucraban a ciudadanos extranjeros.

Testigo protagonista

Según trascendió, la joven rosarina finalmente admitió que había sido captada a través de Facebook, y que le habían ofrecido ser madre gestante. Según la versión, la joven explicó que durante su embarazo recibió un primer pago de 6 millones de pesos y otros 10 millones tras el nacimiento. Dijo que le pagaron una cobertura médica y firmó documentos cuyo contenido asegura no haber entendido completamente.

La joven admitió además que a los 18 años donó óvulos por necesidad económica, y relató que otras chicas de su barrio, en zona oeste también participaban de tratamientos a cambio de dinero.

Admitió que la pareja italiana le propuso un acuerdo financiero cuando le revelaron que querían un hijo. Durante el proceso, asegura haber recibido varios análisis, pagos en efectivo y contratos para la subrogación de vientre, aunque la empresa intermediaria se comunicaba a través de mensajes temporales, que expiran cuando son abiertos, y hacía pagos con dinero en efectivo.

En los papeles, corroborados con una escritura pública, la hija es de la joven que la dio a luz y de uno de los italianos.

La joven quería utilizar para construirse una habitación en la casa de su madre, donde vive con su hija, a la que cría por sus propios medios. No tiene trabajo estable, y su viaje a Europa no estaba previsto: se generó a último momento a partir de los problemas migratorios.

Según su relato tenía conocimiento de que la pareja de italianos criaría a la beba en Italia y que ella no tendría contacto con la niña.

Una fuente del caso corroboró que la joven “está en una situación de extrema vulnerabilidad”, con una muy mala situación económica, sin trabajo y sin haber podido terminar el colegio.

El caso alemán

La investigación inicial se abrió en enero de este año por una denuncia de Cancillería. El Ministerio del Exterior recibió un alerta desde Alemania, donde una ciudadana de ese país, de 58 años, llegó a un hospital del estado federado de Sarre con una bebé de tres meses de nacionalidad argentina en muy mal estado de salud.

En el centro de salud alertaron a la Policía y a la mujer y a su pareja, también de la misma nacionalidad, se les retiró la custodia provisional, y la bebé fue entregada temporalmente a una familia sustituta.

El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn había sido contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores de Sarre para informar del caso. Y así llegó a conocimiento del Palacio San Martín, que formalizó una presentación ante la Justicia federal para determinar cómo una beba nacida en la Argentina estaba en Alemania con signos de maltrato, en manos de una pareja germana. Se reveló que la bebé había sido registrada en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Buenos Aires bajo una disposición (122/DGRC/20), que permite realizar el trámite a través de un escribano.

Según la información recolectada en la investigación se detectó la publicidad de un llamado “Programa Argentina”, que ofrecía un servicio de subrogación de vientres a parejas extranjeras por un costo de 50.000 dólares, en el que se incluía “la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.

La investigación avanzó sobre 49 casos de quienes asumirían la maternidad y/o paternidad del bebé con características análogas al caso de la bebé de Sarre: personas extranjeras de distintas nacionalidades, en su mayoría con domicilios de residencia fuera de la Argentina, que buscaron subrogaciones de vientre, en algunos casos sin aporte de material genético.

En todos los casos tampoco se habría podido acreditar vínculo afectivo alguno entre parejas interesadas y personas gestantes, lo cual sumó indicios de una práctica con fines económicos.

Además en ninguno de estos casos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación, sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales en base a afirmaciones son en todo o en parte falsas.