

Desde el Gobierno confirmaron que avanzarán con la baja de 200.000 pensiones por discapacidad, número que podría llegar a ampliarse, dependiendo el resultado de las auditorias.
Actualmente, se entregan 1.250.000 pensiones, por lo que significaría una baja importante de las mismas. La decisión fue tomada por presuntas irregularidades en el cobro de la asistencia.
La determinación fue dirigida por orden del Poder Ejecutivo a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien será la encargada de llevar adelante la política. Hasta el momento, no serían las únicas pensiones que se bajen.
Qué dijo Diego Spagnuolo, titular de ANDIS
Diego Spagnuolo, titular de la agencia, fue el encargado de confirmar la noticia. Así, señaló que la administración libertaria apuesta a controlar el organismo.
En ese sentido, el dirigente expresó: "Lo que antes funcionaba sin ningún tipo de control, nosotros queremos controlarlo. Hoy estamos en proceso de baja de 200 mil pensiones".
"De hecho, se publicó un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud donde lo que se deduce es que lo que se está pagando en concepto de transporte de personas con discapacidad equivale a tres ida viajes y vuelta a la luna por mes. Es una barbaridad", ejemplificó el funcionario durante una entrevista.

Luego, enfatizó en concordancia: "Lo que buscamos es optimizar el sistema que como está planteado hoy es inviable desde todo punto de vista. Cada vez se paga más dinero en concepto de prestaciones de discapacidad y de transporte".
Según precisó, las cifras surgen del "ineficaz control en las prestaciones y del incremento en la demanda de los prestadores".
Cómo se administran las pensiones
Del total de 1.250.000 pensiones que se entregan actualmente, el gobierno de Milei sumó 20 mil nuevos pedidos desde diciembre 2023, y tiene en estudio 600 mil casos.
La asistencia supone una cobertura de $220.024, cifra que representa un 70% de una jubilación mínima. Asimismo, la agencia redujo el porcentaje de discapacidad por beneficiario.
Dicho porcentaje antes alcanzaba un 76% afectación, y hoy es del 66%. "Ya sea 66%% 76% es una afectación física notable, o sea, se percibe a simple vista", argumentó el funcionario.
Spagnuolo también reveló que en una coordinación conjunta entre los Ministerios de Salud, Seguridad y Justicia, lograron capturar a 14 prófugos que cobraban de manera irregular una pensión no contributiva por invalidez laboral.
Los detenidos estaban acusados de robo agravado, intentos de violación y otros delitos graves, por lo que se les quitaron las pensiones.
Por su parte, denunció que durante el gobierno anterior se otorgaron pensiones irregulares en las provincias de Chaco, La Rioja, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires que serán las primeras en ser auditadas por el organismo que lidera.
"Durante el periodo de Alberto Fernández los requisitos se ablandaron muchísimo, y hoy quedaron básicamente tres: tenés que ser argentino, si sos extranjero, tener una residencia de 10 años; y no estar en una situación de conflicto con la Justicia, o sea, detenido o prófugo", especificó el titular.
Por eso mismo, el funcionario manifestó que la agencia inició las auditorias "caso por caso" del total de las asistencias que se dieron en los últimos cuatro años. También anticipó que avanzará con la totalidad de las ayudas registradas.


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