Reforma previsional: “Esperamos que los diputados no legislen en contra de los trabajadores”

Esta semana la Cámara de Diputados tratará la reforma previsional de la provincia, tras la media sanción en el Senado del pasado jueves. La misma declara la emergencia del régimen previsional de los empleados públicos y funcionarios durante dos años, prorrogable por un año por el Ejecutivo. La razón esgrimida desde el oficialismo para impulsar la reforma es la falta de sustentabilidad del sistema. Trabajadores activos y pasivos cuestionan las modificaciones a la legislación vigente. Y demandan a la Cámara Baja: ““Esperamos que los diputados no legislen en contra de los trabajadores”.

En caso de que el proyecto se convierta en ley, los haberes de las prestaciones seguirán siendo móviles, en función de los sueldos del personal en actividad. Pero las variaciones en las jubilaciones y pensiones se realizarán con un retraso de 60 días, desde la fecha dispuesta para el aumento de los activos. Además, el proyecto habilita al Ejecutivo a modificar la edad jubilatoria en caso de que la Nación determine un cambio en ese sentido.

En cuanto a los aportes, se propone un “aporte solidario” que se descontará a trabajadores activos y pasivos. Tanto ese importe como los aportes ordinarios se calcularán con un esquema que cobrará más a los salarios más altos.

De aprobarse la iniciativa, el haber de la jubilación será equivalente al 70% del promedio referido, si al momento del cese de prestación de servicios se reúnen los requisitos previstos por el esquema previsional. Ese porcentaje se incrementará un 2% por cada año entero de servicio computable que exceda el allí establecido, hasta un máximo del 82%. El proyecto establece un tope a las jubilaciones máximas, que sólo podrán ser equivalentes a 20 jubilaciones mínimas.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, defendió la reforma impulsada por el gobierno provincial. Subrayó que “no puede ser que los que tienen mayores privilegios aporten lo mismo que un maestro”, refiriéndose a la disparidad en las contribuciones y beneficios entre diferentes sectores. La reforma, según la vicegobernadora, es una medida necesaria para abordar el déficit que representa “el costo de 430 mil millones de pesos para la provincia”.

Por su parte, el titular del bloque de Unidos, el senador Rodrigo Borla, manifestó que el objetivo de la reforma es salvar la Caja de un traspaso a la Nación y dar un trato más equitativo “y justo”. Argumentó: “El que más gana, más aporta; pero a la hora de cobrar habrá una pirámide achatada, con topes”.

La votación fue de 13 votos a favor de los legisladores de Unidos y cinco en contra de los senadores peronistas, que habían emitido un dictamen por minoría. El único ausente fue el justicialista sanlorencino Armando Traferri. Todo indica que el proyecto se convertirá en ley este jueves, cuando se trate en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo también tiene mayoría propia. El próximo miércoles se concretará una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Social, Trabajo, Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.

El proyecto de ley modifica las leyes N° 6915, 11.530 y sus modificatorias del Personal Policial, Penitenciario e Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) y la Ley N° 12464 del Régimen Opcional Docente. La última reforma provisional en Santa Fe fue en 2005 y hubo una modificatoria específica para el sector docente en 2011.

La palabra de jubilados y docentes
Mirtha Streiger integra la Comisión de Jubilados de la ciudad de Santa Fe. “Esta reforma nos afecta muy directamente, más de lo que preveíamos”, considera, y alude al descuento que —de aprobarse el proyecto— se realizará a los pasivos para compensar el déficit de la caja.

“El gobernador (Maximiliano Pullaro) se jacta de que han ahorrado, que han acumulado en estos pocos meses montos de dinero como para emprender las obras que no hace la Nación. Por qué, entonces, no se destina parte de ese dinero al déficit de la Caja en vez de apretar para abajo y que lo paguemos los empleados públicos y los jubilados”, se pregunta. Y cuestiona: “También lo escuchamos pedir que no le aumenten las retenciones a las agroexportadoras y a los grandes terratenientes, pero a nosotros sí nos descuentan”.

Streiger aclara que nunca tuvieron acceso al proyecto enviado desde el Ejecutivo. “Siempre tuvimos trascendidos, no hemos podido hablar con los senadores para conocer su postura y para exponer la nuestra”.

Por su parte, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe provincial, cuestiona la facultad que tendrá el Ejecutivo para modificar la edad jubilatoria si se modifica a nivel nacional. “Eso significa armonizar las cajas sin discutirlo en la Legislatura, sin discutir con los trabajadores. Este gobierno se jacta del diálogo y de buscar consensos, pero en esta reforma no hubo ni consenso ni diálogo”, puntualiza.

Para el docente, “a muchos legisladores les incomoda el tema y están intentando un tratamiento exprés”. Sobre este punto, amplía: “Cómo no les va a incomodar a tantos diputados que fueron funcionarios y que durante su gestión hablaban del 82% móvil y de dignificar a los jubilados, o que en su momento como legisladores también aprobaron el régimen actual”.

“Hoy el clima de época es el ajuste, pero no se ajusta a los grandes grupos económicos que se están beneficiando con todo esto, sino a los trabajadores. Este es un gobierno que está aplicando el ajuste como en la década del 90”, cuestiona.

Streiger expresa: “Me causa un profundo dolor esta reforma. No es que yo haya tenido grandes expectativas, pero hay tradiciones políticas de los socialistas, por ejemplo, y no esperaba estas actitudes en contra de la gente”.

De cara al próximo jueves, desde Amsafe, Sadop y Festram anticiparon paro y movilización. Streiger afirma que las y los jubilados también convocarán a una nueva concentración para interpelar a la Legislatura: “Hay varios movimientos y organizaciones que nos están apoyando. Las luchas son las que abonan la esperanza”.

Los aportes que harán activos y pasivos si se sanciona la ley
En su artículo 2, el proyecto establece la figura del “aporte solidario”, por el que jubiladas y jubilados provinciales actuales o futuros deberán realizar un aporte calculado sobre el total del beneficio que perciben. Este descuento de los haberes se mantendrá durante la vigencia de la emergencia.

Se calculará de la siguiente forma:

a) 2% sobre los beneficios superiores a tres y hasta cinco jubilaciones mínimas;
b) 3% sobre los beneficios superiores a cinco y hasta ocho jubilaciones mínimas;
c) 4% sobre los beneficios superiores a ocho y hasta 11 jubilaciones mínimas;
d) 5% sobre los beneficios superiores a 11 y hasta 14 jubilaciones mínimas,
e) 6% sobre los beneficios superiores a 14 jubilaciones mínimas.
Los beneficiarios que perciban más de una prestación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones realizarán el aporte solidario sobre la sumatoria de ambos beneficios. No realizarán aportes solidarios quienes perciban jubilaciones o pensiones inferiores a tres jubilaciones mínimas.

Este aporte también se descontará al personal en actividad, específicamente el personal político de la administración provincial. El personal que ocupe un cargo de conducción política o de gabinete desde el 11 de diciembre de 2023 en adelante del Poder Ejecutivo; los legisladores y planta no permanente de ambas Cámaras cuyo ingreso se haya producido desde la misma fecha; los integrantes Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el Procurador General, jueces, el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, el Defensor General de la Provincia y todos quienes ocupen un cargo con categoría presupuestaria de Secretario de Circuito o más de dichos órganos deberán aportar un 2,77% de sus haberes durante 36 meses.

Tendrán que aportar el mismo monto los vocales del Tribunal de Cuentas, los Defensores del Pueblo y los órganos de conducción superior de las entidades descentralizadas y empresas del Estado provincial.

En tanto, los aportes ordinarios de los trabajadores activos a la Caja se calcularán de la siguiente forma: 

a) Quienes perciban una remuneración equivalente al Nivel I de la Administración Pública Provincial sin antigüedad, aportarán el 15,5%.
b) Quienes perciban una remuneración cuyo importe sea superior a una y hasta dos veces la del Nivel I sin antigüedad, el 16,5%.
c) Quienes perciban una remuneración que supere entre dos y tres veces la correspondiente al Nivel I sin antigüedad, el 17%.
d) Quienes perciban una remuneración cuyo importe sea superior a tres y hasta seis veces la del Nivel I sin antigüedad, el 18%.
e) Quienes perciban una remuneración cuyo importe resulte superior a seis y hasta nueve veces la correspondiente al Nivel I sin antigüedad, el 19%.
f) Quienes perciban una remuneración cuyo importe resulte superior a nueve y hasta once veces la del Nivel I, el 20%.
g) Quienes perciban una remuneración superior a once veces la del Nivel I sin antigüedad, el 21% del total. 
Por su parte, los empleadores aportarán a la Caja el 19% del total de las remuneraciones del personal en actividad.

La reforma al régimen docente
De aprobarse el proyecto, los docentes que acrediten 30 años de servicio en su totalidad frente al aula en escuelas públicas o privadas, en los niveles inicial, primario, secundario y/o terciario no universitarios (estos dos últimos con un mínimo de 30 horas cátedra en los 120 meses previos a la jubilación) y/o se hubieren desempeñado en cargos directivos o de supervisión y tengan 57 años de edad, podrán optar por obtener el beneficio de jubilación ordinaria.

En caso de no cumplir esos supuestos, podrán acceder a la jubilación cuando cumplan 60 años de edad y acrediten 30 de servicio. “No podrá invocarse su aplicación cuando el afiliado o la afiliada tenga un cargo no docente, fuera de los detallados en los dos párrafos

anteriores”, dice el proyecto de ley.

Actualmente, el régimen establece que las docentes podrán jubilarse a los 57 años con 30 años de aporte y los docentes podrán hacerlo a los 60 años, con 30 años de servicio. 

En un informe presentado en el marco de la Comisión Bicameral creada para evaluar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, Amsafe anticipó: “La provincia no puede disminuir ni recortar derechos a las y a los docentes jubilados de la provincia de Santa Fe, de hacerlo, se trataría de una norma de carácter regresivo, y violatorio de todo el orden constitucional, poniendo al Estado Argentino en una situación de ilegalidad y responsabilidad ante la Comunidad Internacional”.

Asimismo, mencionaron que el Estado nacional incumple leyes y pactos fiscales vigentes al no transferir los recursos necesarios para financiar el déficit del sistema previsional santafesino. “Peor aún, el gobierno provincial no ha realizado los reclamos formales ni los esfuerzos políticos necesarios para defender los recursos que por derecho nos corresponden a todos los santafesinos, estimados en 800 mil millones de pesos”, cuestionaron. 

“Las transferencias recibidas por parte de Nación a la provincia de Santa Fe, entre los años 2016 y 2023, cubrían – en promedio – el 31% del déficit. Aunque consideramos que debe reclamarse el financiamiento global del déficit, este porcentaje resulta un umbral mínimo que cambiaría sustancialmente la ecuación económica del organismo previsional”, añadieron. E indicaron que, en 2023 y con las transferencias nacionales, el déficit de la Caja fue del 2,6% respecto a los ingresos de la administración provincial.

Con la media sanción aprobada, Alonso expresó a El Ciudadano: “Una reforma previsional no puede valerse de un único criterio como el déficit cero, sino que debe prevalecer el derecho a la seguridad social de los trabajadores pasivos, consagrado en nuestra Constitución provincial, manteniendo su poder adquisitivo y la progresividad en cuanto a las condiciones para su acceso”.

Al respecto, cuestionó la modificación del régimen opcional docente. “Es al único sector al que le modifican la edad, a los docentes. Y particularmente a las mujeres que se jubilan con 57 años, con 30 años de aportes y el 82% móvil. Si se aprueba esta reforma, para llegar al  82% móvil, deberán trabajar hasta los 60 años”, explicó.

Camino a Diputados
Desde el Frente Amplio por la Soberanía se marcan los retrocesos de esta reforma. La diputada Claudia Balagué refiere al artículo que supedita la modificación de la edad jubilatoria en la provincia a un posible cambio a nivel nacional. “Nos preocupa mucho porque hay antecedentes de las actitudes del gobierno nacional en contra de los jubilados, lo vemos con el veto al aumento jubilatorio y la represión”, señala a El Ciudadano.

Otro punto marcado por la diputada es la falta de un reclamo “con mucho más énfasis” de la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe, y que podría achicar el déficit de la Caja provincial. “El déficit debe ser pagado por el Gobierno nacional y tenemos muchos problemas de incumplimiento: eso ha ido acumulando un déficit que es real”, considera.

“Lo peor que estamos teniendo en estos momentos son las decisiones que toma el gobierno nacional. A veces, por querer congraciarse pensando que se obtiene algo a cambio para la provincia, se intenta mimetizar. Esto se ve en el hecho de no reclamar con fuerza, como lo hizo Hermes Binner en su momento, lo que la Nación adeuda a Santa Fe”, reflexiona.

Al respecto, cuestiona que sean los propios jubilados los que, en el contexto de la emergencia, tengan que abonar “un aporte llamado ‘solidario’ que en realidad lo que hace es sacarle plata al bolsillo a los jubilados y jubiladas, que ya están realmente mal”.

En relación al régimen docente, la ex ministra de Educación expresa: “Me preocupa mucho porque había una tradición y una trayectoria en la provincia de Santa Fe, donde desde los gobiernos progresistas se había trabajado y se había garantizado el 82% móvil, y el traslado de cualquier aumento de los activos a los pasivos. Hoy se plantea diferir ese aumento dos meses, con lo que eso significa en un contexto inflacionario”. 

También critica la equiparación de la edad jubilatoria entre varones y mujeres —por desconocer la doble carga que tienen las mujeres debido a las tareas de cuidado—. Y advierte, además, que la reforma afectará no sólo a jubilados y activos, sino a quienes se están iniciando en la vida laboral en el ámbito provincial.

Balagué anticipa que, cuando este dictamen se discuta en la Cámara de Diputados, desde el bloque que integran tratarán de que el dictamen se siga modificando: “Vamos a hacer todos los esfuerzos por plantear nuestra posición”.

Como aspectos positivos, la diputada coincide con el oficialismo y señala el tope a las jubilaciones. “Si un jubilado que está cobrando la mínima se entera que hay otro jubilado que está cobrando entre 10 y 12 millones de pesos, obviamente se va a sentir muy angustiado por esa gran diferencia”. Agrega: “Vemos que hay una cierta progresividad en los aportes personales, el que más gana más paga, y eso también nos parece adecuado”.