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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estará este miércoles en la Cámara de Diputados junto a su ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, para avalar el proyecto de ley antimafia impulsado por la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, que según sus palabras está inspirado en el Código Penal Antimafia de Italia, o la Ley Rico de Estados Unidos y las acciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las maras.
Los dos funcionarios están primeros en la lista de oradores –su inclusión fue a pedido de la propia Bullrich– de la comisión de Seguridad Interior que debate la iniciativa oficial. También figuran otros santafesinos: el ex fiscal general de la provincia Jorge Baclini y el integrante de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta. Las exposiciones comenzarán a las 10.30.
El proyecto está enfocado, según sus considerandos, al “tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos” que “estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal”.
En marzo pasado, cuando viajó a Rosario junto al ministro de Defensa, Luis Petri, Bullrich señaló que el proyecto “tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes”. La inspiración, dijo, viene de Italia, Estados Unidos y El Salvador. Desde entonces, el gobernador Pullaro defendió la herramienta.
El proyecto agrava las penas de ocho a 20 años de prisión en caso de que judicialmente se pruebe que la persona pertenece a la asociación ilícita investigada. Algunas objeciones al combo refieren que sólo refuerza la persecución penal y endurece las condenas sobre los eslabones más visibles de las organizaciones criminales, pero poco se ocupa de los movimientos ilícitos del dinero que generan y de los impactos de esa trama sobre el sistema político, el financiero y las estructuras estatales a las que penetra.
Otro de los oradores de este miércoles, el investigador del Conicet Rocco Carbone, sintetizó las críticas, y las sintonías con otras normativas controversiales propuestas por el oficialismo, en un artículo de El Cohete a la Luna: “Bien visto, el proyecto de Bullrich puede interpretarse como complemento distractivo del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos nucleares de la Ley Bases, que pretende convertir la Argentina en una guarida fiscal. Esto significa habilitar operaciones amplias y flexibles de lavado, que implican atraer capitales ilícitos de alto perfil”.
Claro que el endurecimiento punitivo tiene consecuencias que derivan en otros problemas: aumenta el números de privados de libertad y no hay dónde alojarlos, un cuello de botella que sufre Santa Fe y al que Pullaro se refirió este martes tras la fuga de detenidos en la comisaría 5ta de Rosario que, como otras, está marcada por la superpoblación carcelaria.
Pullaro aprovechó para insistir en que el sistema de comisarías es “obsoleto” y volvió sobre la idea de su reemplazo por “estaciones policiales” que abarquen territorios mayores, para que las primeras se transformen en centros de denuncias. Sobre las cárceles, un punto de fricción con la administración nacional, el gobernador recordó que sugestión está “construyendo 4 mil celdas en diferentes puntos de la provincia, lo que va a descomprimir y va a dar un pulmón para los próximos cuatro o cinco años”.
“Cuando vamos teniendo una cifra de encarcelamiento en crecimiento, tenemos que construir cárceles”, reconoció. El de las federales en territorio santafesina es un problema. “La cárcel federal de Coronda estuvo detenida, no avanzó. Es una obra que estaba haciendo el gobierno nacional (anterior). Ahora la pusieron en marcha nuevamente, está al 92 por ciento y por lo que nos dicen, sobre fin de año se va a finalizar”, se esperanzó tras idas y vueltas ante la negativa de Bullrich.
En el tema de seguridad, el radical al frente de la Casa Gris se reúne con todos. El viernes de la semana pasada, se mostró en Rosario con su par bonaerense, Axel Kicillof, para la firma de la segunda parte de un convenio cuyo primer capítulo fue rubricado en San Nicolás e incluyó el préstamo de 80 patrulleros hasta tanto Santa Fe terminara de cerrar las licitaciones para adquirir más unidades. “En la lucha contra el narcotráfico no hay banderías políticas”, se atajó el santafesino, quien busca no confrontar a la administración libertaria excepto en temas puntuales que remiten a las grandes cadenas productivas de la provincia.
