Claudia
Roberto tiene 56 años, es productor de seguros y profesor de tenis. En 2021 se puso la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. A la semana tuvo un infarto y asegura que fue un efecto adverso de la inoculación. Presentó una demanda por daños y perjuicios ante la Cámara Federal de Rosario. Es primer en presentar una demanda en la ciudad.
Demandó al Estado argentino que “lo obligó a ponerse esas vacunas”. También al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei) y la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva).
Argumentó que el Estado tenía obligación de saber que la vacuna de la compañía farmacéutica de Reino Unido “estaba saliendo de circulación en varios países de Europa”. Roberto aseguró que “nunca jamás había estado internado ni tenía ningún problema de salud”. Según recordó, tuvo una sensación rara al recibir la dosis de la vacuna y levantó un poco de fiebre. A los pocos días tuvo una complicación de salud que casi le cuesta la vida.
“Tuve una trombosis. Se me tapó una arteria de las principales y las otras dos estaban perfectas. Me salvé de casualidad. Estuve 15 horas con el infarto, hasta que no sentí que me estaba muriendo no fui al médico”, señaló.
El paciente recibió en ese momento un stent y debe tomar medicación crónica de por vida y someterse a controles cardiológicos periódicos. Esta lesión, argumenta, provocó la pérdida de oportunidades para generar ingresos.
Dice que muchos profesionales de la salud le deslizaron que su cuadro podría ser consecuencia de la colocación de la AstraZeneca. “Desde abril se sabía en Europa que esa vacuna traía problemas de trombosis y no la administraban en gente menor de 55 años”, insistió el hombre, quien llevó el caso a la Justicia Federal.
Esta semana trascendió también el caso de una mujer cordobesa que demandó al Estado y al laboratorio. A
