Flavia Ochoa, de Río Cuarto, asegura haber quedado incapacitada laboralmente al 75%. También pide la inconstitucionalidad de la Ley de Vacunas, que le dio inmunidad a las empresas para estos juicios. Los detalles
Información General15/05/2024
Giani
A una semana de que AstraZeneca anunciara que dejaba de comercializar en Europa la vacuna contra el Covid-19, los tribunales argentinos ya recibieron la primera demanda pública en su contra, como así también contra la Anmat. La denuncia tuco lugar en la Justicia Federal de Río Cuarto, Córdoba, y la realizó una mujer por 100 millones de pesos por daños y perjuicios a la firma y al Estado Nacional.
De acuerdo a lo que explica la demandante, inmediatamente después de haberse dado la vacuna de esa marca sufrió Síndrome de Guillain Barre, un trastorno que afecta el sistema inmunitario del organismo, ataca los nervios y puede provocar la paralización de todo el cuerpo.
Si bien la noticia se conoció en las últimas horas, el reclamo comenzó mucho antes de que en Europa se anunciara el retiro de partidas de su circulación.
El reclamo de Flavia Ochoa, de 39 años, oriunda de Coronel Moldes, en el sur de la provincia de Córdoba, se inició primero en un trámite administrativo ante el Ministerio de Salud. Sin conseguir respuestas, llegó ahora a los tribunales federales de Río Cuarto, donde además se busca que se declare la inconstitucionalidad de uno de los artículos que de la Ley de Vacunas para generar inmunidad contra el Covid-19 por las condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones.
Por su parte, el representante legal de Ochoa, Pablo Roca, conversó con el medio Infobae y dijo: "Acá hubo un daño a la fe pública y al sistema de salud en general provocado por AstraZeneca".
La demanda reclama resarcimientos por distintos daños: 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente; 25,3 millones de pesos por fondo de reparación Ley 27.573; 9,3 millones de pesos por proyecto de vida-pérdida de chance; 7,5 millones de pesos por daño moral; 1,5 millones de pesos por daño moral de la pareja; 49,5 millones de pesos por daño punitivo y 180.000 pesos por daño emergente.
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