En plena sesión, el oficialismo retiró el artículo sobre el impuesto PAIS y suprimió facultades especiales que pedía Bullrich

De los 664 artículos del proyecto original de “Ley de Bases”, un poco menos de la mitad quedaron en pie en el dictamen que será sometido a votación en la Cámara de Diputados. El desmalezamiento de la gigantesca iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso se dio en el marco de intensas negociaciones con un centenar de diputados dialoguistas distribuidos entre los bloques de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación, que condicionaron su acompañamiento en general a cambio de modificaciones concretas. Sin embargo, en pleno debate se sumaron otros cambios y supresiones de artículos, que sorprendieron tanto a opositores como aliados.

 Los cambios fueron leídos en el inicio de la sesión por el secretario parlamentario Tomás Figueroa. Tal como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes pasado, el oficialismo confirmó este mediodía la eliminación del dictamen del paquete fiscal contenido en el proyecto original. Entre ellos los artículos referidos a la fórmula de movilidad jubilatoria, los cuales iban a ser rechazados durante el debate. La última propuesta del oficialismo establecía que los haberes jubilatorios se indexaran por el índice de inflación a partir de abril. A la oposición dialoguista no le terminó de cerrar esta modificación, dado que convalidaba una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados con el empalme de las fórmulas (la actual y la del IPC) y pedía que la actualización se hiciera retroactiva a enero.

Dentro del paquete fiscal también figuraba el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social. Es decir, lo que se conoce como el régimen de moratoria por el que se prevé la posibilidad de que los contribuyentes salden sus deudas. De este capítulo también se excluyó la modificación al Régimen de Regularización de Activos, más conocido como “blanqueo”. El Gobierno pretendía derivar lo recaudado a las arcas del Banco Central, mientras que los dialoguistas pretendían que fuera coparticipado. Al persistir las diferencias, el ministro Caputo lo excluyó del proyecto. El funcionario, no obstante, aseveró que todo el paquete económico “se tratará más adelante”.

Impuestos internos

En relación con el capítulo que reformaba a determinados impuestos internos, se quitó el aumento del 70 al 73% asignado para los cigarrillos, ya sean de producción nacional como importados. “Es inexplicable que saquen esos impuestos para las tabacaleras. No lo entendemos y esperamos que alguien nos lo explique”, bramó el legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, durante su exposición en el recinto.

Tal como estipuló el ministro de Economía, también se quitaron los artículos referidos a la suba de los derechos de exportación o retenciones, lo que generaba rechazo en todos los bloques dialoguistas, incluso Pro. También estos puntos iban a ser rechazados de plano en el recinto. Antes, el oficialismo había eliminado el artículo del incremento de los derechos de exportación a unos 35 productos de las economías regionales.

La última polémica

Además, se eliminó el artículo referido a la prórroga del impuesto PAIS: el artículo original aclaraba que su vigencia era por cinco períodos fiscales desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 2024. Los gobernadores de la oposición dialoguista le reclamaron al ministro del Interior, Guillermo Francos, que ese tributo debería ser coparticipado en al menos un 30% con las provincias. El Gobierno finalmente decidió retirar el artículo, pero desde el bloque Hacemos, que representa a siete gobernadores, anticipó que intentará forzar la reimplantación de este artículo con la debida coparticipación durante la discusión en particular.

Tras una serie de reclamos del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el Gobierno decidió remover de plano los cambios en el Régimen Federal de Pesca. Los tres puntos que inquietaron a los líderes territoriales tuvieron que ver con los cupos de pesca, la supresión de la obligatoriedad de la descarga del producto en puertos argentinos y la eliminación de la obligación de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina.

El oficialismo también accedió, a petición de los bloques dialoguistas, a eliminar el artículo por el cual disponía la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS) al Tesoro nacional. Se trata de las acciones que este organismo tiene en empresas privadas, calculadas en 5.700 millones de dólares. Al eliminarse este artículo, también se echa por tierra la posibilidad de que esos activos de la Anses puedan ser liquidados.

Además, se quitó el artículo por el que se facultaba al Poder Ejecutivo a modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, entre los que se encuentra el destinado a financiar el consumo de los residentes de Zonas Frías. Los mandatarios patagónicos, así como los legisladores que representan a territorios que presentan bajas temperaturas se opusieron a esta propuesta.

Marcha atrás en Seguridad

La poda también alcanzó las facultades especiales que demandaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En este sentido, el oficialismo -a instancias de los bloques opositores dialoguistas- accedió a eliminar varios artículos claves que modificaban el Código Penal, entre ellos:

La suba de las multas para penalizar a los organizadores de manifestaciones callejeras que obstruyan la circulación del transporte público o la concurrencia de menores sin la correspondiente compañía. Asimismo, se elimina el artículo que tipifica al “organizador o coordinador de una reunión o manifestación”; en este sentido, la redacción original imponía esta figura para todo aquel que convoque a otras personas para participar de una reunión; provea cualquier tipo de medio material o logístico para una reunión o bien pase lista, registre presencias o ausencias en una manifestación.
La tipificación de lo que se considera una “reunión” o “manifestación”, considerada en el texto como una “congregación intencional y temporal de 30 personas o más en un espacio público.
La obligación de notificar, con la mayor antelación posible, de toda reunión o manifestación espontánea.

Por otra parte, se eliminaron 10 artículos que pretendían modificar el Código Civil y Comercial, entre ellos lo referido al pacto de preferencia, considerado aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. También se dejan sin efecto los cambios propuestos en materia de franquicias, el plazo máximo en los contratos de suministro; el preaviso en los contratos de agencia por tiempo indeterminado y el plazo de contrato de concesión. Este último punto establecía que podía ser fijado por las partes y en caso de silencio del contrato, se entiende convenido por cuatro años.

Además, el nuevo dictamen eliminó, a instancias de los bloques dialoguistas, los artículos referidos al financiamiento de los partidos políticos, entre ellos el monto máximo de aportes por persona y las regulaciones en materia de campaña política y sus rendiciones ante la Justicia.

 Otro punto que generó fricción durante las negociaciones con la oposición es el capítulo referido al ambiente. El oficialismo accedió a eliminar las modificaciones referidas a la ley de protección de bosques, puntualmente el artículo que eliminaba las partidas presupuestarias fijas, para que el Poder Ejecutivo definiera las partidas a discreción.