ClaudiaLa diputada provincial y exministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, manifestó su firme rechazo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar el histórico Programa Remediar y sustituirlo por el Plan Nacional de Salud Vascular. A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que la medida profundiza de manera alarmante las brechas y la inequidad en el acceso a la medicina básica. Asimismo, recordó que desde el año 2002 el programa garantizaba medicamentos gratuitos en la red pública para quienes no poseían los recursos para comprarlos, asegurando la continuidad de los tratamientos indicados tras cada consulta médica.
La principal alerta planteada por la legisladora santafesina se enfoca en la drástica reducción del vademécum en el marco del nuevo esquema. El nuevo plan limita la cobertura estatal a únicamente seis principios activos orientados exclusivamente a la prevención y al tratamiento de afecciones cardiovasculares. Esta modificación deja sin provisión gratuita a insumos esenciales de la atención primaria de la salud, recortando la entrega de antibióticos fundamentales como la amoxicilina, antidiabéticos como la metformina, tratamientos hormonales como la levotiroxina y broncodilatadores como el salbutamol, aun cuando las necesidades sanitarias de la población siguen completamente vigentes.
Martorano enfatizó que reemplazar una política pública integral por un programa focalizado desconoce la salud de forma holística, deniega el derecho al acceso y atenta directamente contra el primer nivel de atención, el cual no puede dejar sin respuesta a las patologías cotidianas de la ciudadanía. La diputada remarcó que este debilitamiento ya había sido advertido desde la Legislatura de Santa Fe en los primeros meses del año, señalando que la secuencia de recortes presupuestarios presupagaba el desenlace actual con la eliminación total de la herramienta.
Finalmente, la exministra hizo hincapié en el fuerte impacto territorial y económico que la medida genera al trasladar la carga financiera hacia las administraciones provinciales, los municipios y los propios bolsillos de las familias. Al sostener que el acceso a la salud no puede depender de la situación económica individual ni de los recursos financieros de cada provincia, Martorano exigió formalmente al Gobierno nacional dar marcha atrás con la resolución, garantizando la provisión continua de medicamentos esenciales bajo la premisa de que la salud no debe ser utilizada como variable de ajuste.
