ClaudiaEn una nueva jornada clave dentro del expediente que investiga el entramado de apuestas ilegales en la provincia, la Justicia formalizó la imputación contra cinco personas señaladas de integrar una presunta asociación ilícita, en el marco de un sonado caso que provocó la caída del jefe de los fiscales de Rosario y que tiene acusado a un senador provincial como jefe de esa supuesta banda.
Sin embargo, en la audiencia celebrada este miércoles, los jueces Eleonora Verón, Paula Álvarez y Alejandro Negroni rechazaron de manera unánime las medidas cautelares alternativas requeridas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, al considerar que los elementos presentados no resultaban suficientes para fundamentar dichas restricciones preventivas. La resolución judicial no implica el cierre de la causa ni se pronuncia sobre la culpabilidad de los imputados, por lo que la investigación continuará su curso.
Según la hipótesis sostenida por la Fiscalía, la estructura funcionó entre abril de 2017 y septiembre de 2021 con una división clara de roles políticos, comerciales y judiciales. La acusación ubica al senador provincial Armando Traferri -quien ya había sido imputado- como presunto conductor de la organización, y al empresario Leonardo Peiti, ya condenado a tres años de cárcel, como el principal beneficiario del esquema clandestino.
Entre los imputados formalizados en la audiencia se encuentran el ex diputado provincial Darío Marcelo Scataglini, el abogado y ex funcionario villagalvense José Francisco Fernández Chemes, el ex concejal Oscar Rubén “Popi” Larrauri, y los también letrados Fernando Daniel Moschini y Aníbal Diego Porri, a quienes los investigadores atribuyen diversas intervenciones para facilitar el negocio, encubrir dividendos y sostener mecanismos de protección.
De acuerdo con la teoría del caso construida por el MPA, Scataglini operó como el enlace político central entre Traferri y Peiti, participando en gestiones para que la firma Wildar Gaming obtuviera contrataciones ligadas a terminales de lotería virtual. En ese marco, la acusación destaca una supuesta reunión mantenida el 11 de marzo de 2020 en una oficina senatorial de San Lorenzo junto a Fernández Chemes, en la que se habrían coordinado acciones para avanzar ante el Ministerio de Economía, derivando en presentaciones formales ante la Lotería un mes más tarde.
Asimismo, los fiscales cuestionan la transferencia de acciones de Wildar efectuada en septiembre de 2020 a favor de Fernández Chemes y Popi Larrauri, maniobra que la investigación interpreta como un intento de ocultar a los verdaderos beneficiarios y actuar como prestanombres. A Fernández Chemes y Larrauri se les atribuye además una visita al Centro de Justicia Penal tras la detención del ex comisario Alejandro Torrisi en junio de 2020, hecho que derivó en contactos con el entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad (también condenado en este caso) para alertar a Peiti sobre los avances judiciales.
Por su parte, el ex asesor de la Guardia Urbana Municipal Aníbal Diego Porri sumó una imputación por presunto cohecho activo, acusado de haber entregado dinero a Ponce Asahad en julio de 2020 a cambio de impunidad para las salas clandestinas, además de instar a la destrucción de telefonía celular, siempre según la acusación.
En tanto, Fernando Daniel Moschini es señalado como intermediario entre Peiti y Traferri, con participación en maniobras para frenar la declaración del empresario como arrepentido y la filtración de un borrador de acuerdo. Moschini quedó imputado también por su presunta participación en el desvío de un subsidio de la Asociación Civil Palabra Mayor —donde ejercía como tesorero— que habría beneficiado a Peiti, hecho en el que Traferri figura imputado como presunto autor.
Esta instancia expande el foco del expediente originado en las redes de apuestas y los nexos con la cúpula judicial —que involucraron oportunamente a Ponce Asahad y a su jefe, el ex fiscal regional Patricio Serjal, así como el empleado judicial Nelson Ugolini; estos dos últimos también condenados— hacia operadores políticos y comerciales.
Las evidencias expuestas por los fiscales mediante intervenciones telefónicas y mensajería no alcanzaron para que el tribunal aplicara cautelares en esta etapa, por lo cual los cinco nuevos acusados transitarán el proceso en libertad.
