ClaudiaSe trata de hechos vinculados con el tráfico de los 321 kilos de cocaína de la avioneta procedente de Bolivia aterrizada en Villa Eloísa en mayo pasado, investigado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la delegación Regional NEA.
Durante la mañana de este lunes 4 fiscales federales expusieron la teoría del Ministerio Público Fiscal.
En concreto, los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra (PROCUNAR NEA), Juan Argibay Molina (PROCELAC) y Daniela Ghiorzi mostraron cómo Santiago Emanuel B., Juan Cruz B., Maximiliano C. G. -un abogado de la localidad de Melincué- con la participación de Guillermo B. llevaron adelante de manera organizada y habitual desde al menos el mes de septiembre de 2025 a la actualidad, operatorias que tenían como fin que los fondos de origen ilícito provenientes del tráfico de estupefacientes fueran convertidos e integrados al circuito económico legal mediante la adquisición de bienes de diferente naturaleza, ocultando la procedencia ilícita del dinero y en algunos casos la verdadera titularidad de los bienes.
En el caso del abogado, también se le atribuyó formar parte del comercio de drogas en la zona junto a Manuel P. R., un sujeto que contaba con connivencia policial -a quien se le formalizaron los cargos el 28 de agosto pasado-.
Esto debido a su intervención en causas o representación de personas que forman parte del circuito de comercio local, así como su participación en la venta de las sustancias junto a P.R.
Por otra parte, le adjudicaron a Christian B. actuar como prestanombre de sus hijos, Santiago y Juan Cruz.
A pedido de los representantes del MPF, el juez Aurelio Cuello Murúa ordenó la prisión preventiva hasta el 12.05.2027 para Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y Maximiliano C. G.
La investigación
Se trata de una ramificación de la investigación de la PROCUNAR que gira en torno a la hipótesis del lavado de activos de origen delictivo por parte de Santiago Emanuel B., Juan Cruz B., Maximiliano C. G. con la participación de Guillermo B.
La integración de los fondos ilícitos se realizó mediante la adquisición de un fondo de comercio en la localidad de Melincué, así como otras operaciones tales como la compra de vehículos y el propio alquiler del inmueble, sin que los investigados pudieran justificar su capacidad económica para la realización de esas operaciones de envergadura.
Asimismo, la información obtenida de los teléfonos celulares luego de los allanamientos que tuvieron lugar el 25 de agosto, permitió reconstruir como el abogado radicado en Melincué intermedió en muchas de esas mismas operaciones.
Por otro lado, y según explicaron los fiscales, el abogado era una pieza clave dentro de la estructura criminal, actuando de manera coordinada y bajo las órdenes precisas de Manuel P. R. -que operaba en el circuito de comercio zonal de la droga- no solo participando de la venta de drogas sino además favoreciendo a personas allanadas/detenidas que formarían parte de esa organización o serían al menos revendedores de P.R.
