ClaudiaUn caso tan llamativo como complejo sacudió los estrados judiciales de la vecina ciudad de San Nicolás, donde la Justicia de Familia debió intervenir en un divorcio atípico. La contienda legal tuvo como protagonistas a una mujer de nacionalidad brasileña y a su marido argentino, quienes contrajeron legalmente matrimonio hace casi dos décadas pero, llamativamente, en toda la documentación oficial argentina del hombre su estado civil continuaba figurando como «soltero».
El conflicto salió a la luz bajo el patrocinio legal de las abogadas Silvana Flores y Yanet de Jesús. De acuerdo con el relato plasmado en la demanda, la pareja formalizó su unión en la República Federativa del Brasil el 24 de septiembre de 2009, tras lo cual convivieron de manera ininterrumpida durante 17 años.
Sin embargo, con el paso del tiempo la relación se quebró y el escenario se tornó hostil. El hombre no solo comenzó a negar sistemáticamente su estado civil y la existencia del matrimonio en el plano formal, sino que además desplegó una serie de medidas de hostigamiento económico y patrimonial contra su esposa: le cortó todos los ingresos económicos, la dejó sin línea telefónica y sin cobertura de obra social, le negó cualquier tipo de participación en los negocios comerciales que ambos poseían e incluso le exigía judicial y extrajudicialmente el desalojo de la casa donde residían.
Ante esta situación de vulnerabilidad, la mujer recurrió a la Justicia a través de una presentación radicada en el Juzgado de Familia Nº 2 de San Nicolás.
Frente al planteo del demandado —quien intentó escudarse en la falta de registro del matrimonio en el país para desligarse de sus obligaciones—, el tribunal rechazó de plano la excepción de falta de legitimación interpuesta por el hombre. La magistratura interviniente dio por acreditada de manera fehaciente, mediante la prueba documental aportada, la celebración regular de las nupcias en territorio brasileño.
En su resolución, el juzgado aclaró un punto clave del derecho internacional privado y de familia: la falta de inscripción de un matrimonio extranjero en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Argentina no constituye un impedimento legal para tramitar la acción de divorcio ni priva a los cónyuges de sus derechos fundamentales, bajo las circunstancias particulares del expediente.
Como medida de urgencia para salvaguardar el bienestar de la demandante frente al desamparo al que fue sometida, la Justicia resolvió:
Atribución provisoria del hogar: Se le otorgó a la mujer el uso exclusivo del inmueble donde convivían, el cual continuará ocupando en las condiciones actuales. Esta medida regirá por un plazo inicial de 180 días corridos o hasta tanto las partes alcancen un acuerdo consensuado.
Reserva patrimonial: El tribunal aclaró expresamente que esta disposición cautelar no prejuzga sobre el dominio definitivo de la propiedad ni sobre el futuro reparto de los bienes gananciales y comerciales debatidos, quedando abierta la vía para su revisión si las condiciones originales llegaran a modificarse.
