ClaudiaEl Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció la quinta marcha federal universitaria del año y cuándo se realizará: el jueves 15 de octubre. En la ciudad de Buenos Aires, esta vez, la concentración será frente al Palacio de Tribunales. La protesta fue acordada entre los rectores, los gremios de docentes y nodocentes y las representaciones estudiantiles ante el fracaso de la paritaria, el ajuste presupuestario contenido en el proyecto oficial para 2027 y la persistencia del Gobierno en no aplicar la ley de financiamiento aprobada y ratificada por el Congreso y ordenada por la Justicia.
«Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional», señaló el CIN en un comunicado.
La confirmación de la marcha complementa las otras medidas de fuerza anunciadas por los gremios. Este viernes y el martes próximo habrá paros en universidades. Eso es parte de un cronograma que incluye medidas de fuerza escalonadas de 23 días que se extenderán hasta el 22 de octubre.
«No podemos normalizar que un Gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta», planteó el secretario general de Aduba (docentes de la UBA), Emiliano Cagnacci.
La convocatoria se lanzó horas después de que el Gobierno volviera a ofrecer en la paritaria docente universitaria solo el 3% que le exigió la Justicia, sin abrir una discusión salarial de fondo.
Los gremios sostienen que la recomposición pendiente ronda el 35% para volver al poder adquisitivo de diciembre de 2023, mientras el Ejecutivo insiste en que ya cumplió con las actualizaciones exigidas judicialmente a partir del acuerdo parcial del 10 de junio.
El conflicto data de 2024, cuando el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario tras la primera gran marcha federal educativa de su gestión.
El veto se sostuvo un año, hasta que en octubre de 2025 el Senado insistió con la norma y la convirtió en ley pese al rechazo presidencial. Desde entonces, el reclamo universitario giró hacia un problema distinto: lograr que el Gobierno cumpla efectivamente con una ley que ya perdió en el Congreso, pero que sigue resistiendo en los hechos.
El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso asigna 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales (6,3 billones para personal, funcionamiento y transferencias corrientes, y otros 1,02 billones para ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos).
Los rectores, nucleados en el CIN, reclaman en cambio 11 billones de pesos, casi 4 billones más, y explican que solo el gasto en personal, que estiman en 8,368 billones, ya supera lo que el Gobierno pretende destinar a todo el sistema de la educación superior.
