La Tandanor mileísta bajo la lupa: allanamientos, 367 mil dólares y una trama de corrupción

La Justicia ha puesto la lupa sobre Tandanor tras una serie de procedimientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello. La Policía Federal ejecutó cinco allanamientos simultáneos —cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata— que arrojaron resultados significativos: el secuestro de 367.110 dólares, hallados ocultos entre un domicilio particular y una caja de seguridad en el microcentro porteño.

La investigación apunta directamente hacia Julio Eduardo Gallé, quien ocupaba el cargo de gerente comercial de la firma, donde fue designado a instancias de Nicolás Posse, dicen fuentes del propio Ejecutivo.

Según reconstruyen los investigadores, la Justicia intenta determinar si Gallé exigió un pago indebido al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, con el fin de «desaparecer» una deuda de aproximadamente 200 mil dólares que la compañía mantenía con el astillero. La maniobra, según las primeras hipótesis, alcanzaría al menos los 220 mil dólares.

El golpe de timón en la causa, sin embargo, ocurrió tras el hallazgo de pistas mucho más comprometedoras durante los operativos. Entre el material incautado se encuentra un recibo manuscrito que detalla un pago por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos, además de cartas documento, contratos, extractos bancarios y una gran cantidad de dispositivos electrónicos. Estos elementos transformaron lo que comenzó como una auditoría administrativa en una causa federal por cohecho.

El origen de la crisis: auditorías y reestructuración

La causa tuvo su génesis en una auditoría interna realizada tras el recambio de autoridades en Tandanor, al inicio de la gestión libertaria. Las irregularidades detectadas fueron denunciadas por la propia empresa, lo que derivó en la intervención de la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal.

El episodio se enmarca en un contexto de profunda inestabilidad interna. Con la llegada de Ana Laura Hernández a la presidencia, bajo el ala de la gestión del mencionado Nicolás Posse, el astillero vivió una reestructuración drástica. La nueva conducción despidió personal, incorporó directores con salarios elevados y, fundamentalmente, desarticuló la Gerencia de Control de Gestión, el área encargada de supervisar el funcionamiento sensible de la compañía.

Esta decisión provocó una crisis de confianza que incluyó el alejamiento de Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y parte del directorio, por profundas diferencias con el rumbo de la gestión.

Más allá de la administración: el interés inmobiliario

La gestión de Hernández estuvo atravesada por sospechas de que el astillero era preparado para un remate de activos. Tandanor no solo ostenta una capacidad industrial estratégica, sino que ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más cotizados de Buenos Aires, frente al desarrollo Solares de Santa María, en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar estas tierras ha alimentado, desde el inicio del gobierno, las especulaciones sobre el verdadero trasfondo del interés oficial por desprenderse de la empresa.

Hoy, tras la salida de Hernández y el desembarco de Mauricio González Botto —otro hombre vinculado con Posse y que tiene antecedentes en el diseño de las privatizaciones—, el gobierno vuelve a mover las piezas sobre el futuro del astillero. Mientras tanto, en los pasillos de Comodoro Py, la Justicia continúa reconstruyendo qué ocurrió realmente puertas adentro durante aquella gestión, donde los documentos, los recibos y las cajas de seguridad han dejado de ser simples datos contables para convertirse en las pruebas de una presunta red de corrupción estatal.