ClaudiaEste sábado comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, aprobada por el Congreso y publicada en marzo en el Boletín Oficial. La reforma establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y habilita a los magistrados a fijar condenas de hasta 15 años de prisión para infracciones cometidas antes de cumplir los 18, reemplazando un marco normativo con más de cuatro décadas de antigüedad.
A pesar de la reducción en la edad de juzgamiento, la legislación establece que la privación de la libertad se aplicará de manera excepcional. El régimen contempla un proceso oral bajo el sistema acusatorio —con garantías de defensa, notificación a los padres y debate entre fiscalía y defensa— y prevé que los delitos con penas menores a tres años se sustituyan por medidas alternativas, como el arresto domiciliario, la permanencia en entornos semiabiertos o el cumplimiento de pautas educativas y de reinserción social.
Frente a la implementación de la norma, especialistas del fuero de menores señalaron la importancia de no equiparar el tratamiento de los adolescentes al derecho penal de adultos. Asimismo, se advirtió sobre la situación del sistema edilicio y la superpoblación en los institutos de contención, remarcando la necesidad de aplicar medidas complementarias —como la escolarización y la atención en consumos problemáticos— para abordar las vulnerabilidades de origen antes de recurrir a las sanciones de internación.
