ClaudiaLa Justicia dictó condenas ejemplares para dos hombres dedicados a descargar, almacenar y difundir material de explotación sexual infantil a través de plataformas digitales. El proceso judicial, encabezado por la jueza Griselda Strólogo tras la acusación presentada por el fiscal Diego Meinero, derivó en una pena de 5 años de prisión para Germán Fernández y de 11 años para Carlos Ramón Varela, de 65 años. Si bien ambos compartían un patrón de conducta vinculado al tráfico digital de estos contenidos, la situación procesal de Varela se agravó sensiblemente al comprobarse su responsabilidad directa en la producción de imágenes originales en el sudoeste de la ciudad.
El entramado comenzó a salir a la luz tras una serie de procedimientos llevados a cabo por la Dirección de Trata de Personas de la antigua Agencia de Investigación Criminal, en el marco del operativo internacional Luz de Infancia X. Durante las irrupciones en los domicilios de los sospechosos, los peritos informáticos secuestraron dispositivos de almacenamiento y computadoras que evidenciaron el uso sistemático del programa E-Mule. Esta aplicación, basada en redes de intercambio entre pares, era utilizada para compartir de manera masiva carpetas con miles de archivos que involucraban a víctimas menores de 13 años.
En el caso de Fernández, las pericias determinaron que desde su vivienda ubicada en la zona de calle 9 de Julio al 4000 se realizaron cerca de 70 mil transferencias de archivos ilícitos hacia otros usuarios entre finales de 2021 y mediados de 2022. Al momento del allanamiento, los agentes incautaron un pendrive con 497 archivos y un disco rígido con medio centenar de elementos adicionales, lo que consolidó la acusación por facilitamiento y tenencia. Por su parte, la actividad digital de Varela se rastreó en un inmueble de calle Baigorria al 1400, donde operó bajo la misma modalidad técnica durante más de tres años.
El elemento determinante para la abultada condena de Varela residió en el hallazgo de material inédito grabado con una cámara fotográfica Panasonic. Las investigaciones acreditaron que, entre los años 2012 y 2020, el acusado acudía a una vivienda de calle Iriondo al 5600, en barrio Plata, para filmar los abusos que una mujer infligía a su pequeño nieto. Esas producciones caseras quedaron almacenadas en sus dispositivos personales con el fin de elaborar piezas audiovisuales. La mujer involucrada en las filmaciones ya había sido juzgada previamente y recibió una pena de 10 años de prisión mediante un juicio abreviado.
