La Libertad Avanza consiguió sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas.
La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas.
El Gobierno ya había eliminado el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y debió excluir los artículos sobre la ley del Manejo del Fuego
Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos «Camau» Espínola, y la chubutense Edith Terenzi.
En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Ávila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.
Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner..
La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.
El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, dijo que «el espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada», señaló.
Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.
Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado «sea doblemente castigado» por las restricciones impuestas por la normativa actual.
En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como «un nuevo mamarracho» del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a «entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras».
Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen «apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones».
Por su parte, uno de los discursos más duros fue el de la senadora rionegrina peronista Ana Marks, quien sostuvo que considerar la tierra «un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo» y acusó al oficialismo de actuar como «cipayos y entreguistas».
La legisladora también cuestionó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno «no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler» y rechazó que la respuesta a la crisis habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.
Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y defendió el proyecto al sostener que «la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible».
Por su parte, la libertaria Nadia Márquez dijo que «queremos una Argentina libre y de personas prósperas. Esta ley promueve el fin de las usurpaciones, intentar que recuperar un inmueble sea más ágil, ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas y también apoyar a todos los que quieren invertir».
A su vez, el radical Maximiliano Abad señaló que «las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo».
La sesión inició a las 14:25 con un pedido de la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para que la comisión de Asuntos Constitucionales analice los proyectos para permitir la votación remota de los legisladores.
De este modo, los senadores del peronismo Anabel Fernández Sagasti y del radicalismo Flavio Fama, que habían pedido participar en forma remota, no podrán hacerlo hasta que se incluya esa posibilidad en el reglamento del cuerpo.
Fernández Sagasti solicitó poder tener voz y voto en la sesión de esta tarde por estar cursando el octavo mes de embarazo, mientras que Fama lo pidió por estar operado de la rodilla.
La vicepresidenta Victoria Villarruel había autorizado los pedidos para participar en forma remota, supeditado a la decisión del cuerpo, pero Bullrich había rechazado esa posibilidad.
En el inicio de la sesión, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch rechazó la impugnación de la senadora peronista Juliana Di Tullio por tener una empresa que asesora a inversores extranjeros que quieren comprar tierras rurales.
En la sesión, el senador peronista José Mayans criticó al presidente Javier Milei por sus críticas a su par de Brasil, Lula da Silva, lo que fue rechazado por la jefa del oficialismo, Bullrich.
Tras los pedidos de mociones de privilegio y homenajes, comenzó el debate del proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la agilización de los desalojos intrusos de viviendas, campos y terrenos.
