
Alerta por escraches y cobranzas abusivas: Mercado Pago en la mira por llamados y mensajes a contactos de morosos
ClaudiaUna creciente ola de reclamos y denuncias comenzó a encender las alarmas entre los usuarios de billeteras virtuales en la Argentina. La causa: una agresiva estrategia de cobro ejecutada por estudios jurídicos e intermediarios contratados por Mercado Pago, quienes están contactando directamente a familiares, amigos y compañeros de trabajo de las personas que registran saldos deudores o cuotas vencidas.
El esquema de reclamo —que muchos usuarios ya califican en redes sociales como un verdadero «apriete digital»— consiste en el envío masivo de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y llamadas telefónicas a números de personas ajenas al crédito. En esos mensajes no solo se exige ubicar al titular, sino que en reiteradas ocasiones se divulgan montos adeudados y detalles de la morosidad, exponiendo al deudor a situaciones de angustia y escarnio público.
El vacío entre la deuda y el acoso
A través de la multiplicación de estos casos, abogados especialistas en derecho del consumidor aclaran que la práctica es rotundamente ilegal:
Violación al trato digno: El artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240) prohíbe taxativamente la utilización de métodos de cobro que sometan al deudor o a terceros a situaciones vergonzantes, intimidatorias u hostiles.
Uso indebido de datos personales: La Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales prohíbe el procesamiento y divulgación de información privada de personas sin su consentimiento expreso. El entorno del titular no tiene obligación legal alguna de responder por obligaciones ajenas.
La responsabilidad de la plataforma
Si bien es habitual que las entidades financieras deriven la cartera en mora a agencias de cobranza externas, los especialistas advierten que Mercado Pago mantiene la responsabilidad solidaria por los métodos abusivos que utilicen los estudios a los que encomienda la gestión.
Para cobrar comisiones de forma rápida, muchas de estas agencias apelan al cruce ilegitimo de bases de datos o a la presión social sobre la agenda de contactos del deudor, una frontera que la legislación argentina sanciona de forma severa.


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