ClaudiaLo que parecía una oferta laboral tentadora en el exterior terminó destapando una trama de reclutamiento ilegal con destino a la guerra. Una ex integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, identificada como Griselda Ortiz, fue detenida en el partido de Tigre acusada de integrar una red dedicada a captar hombres para enviarlos a combatir en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
La investigación puso al descubierto la mecánica del grupo, que operaba combinando captación por redes sociales, promesas de salarios en dólares y coberturas falsas.
El modus operandi de la red no se centraba en convocar abiertamente a soldados o mercenarios, sino en captar personas en situaciones vulnerables o con necesidad de empleo:
La falsa oferta: A las víctimas se las contactaba vía redes sociales y se les prometía un contrato laboral en Europa para realizar tareas de reconstrucción, infraestructura o albañilería.
El destino real: Tras la firma de compromisos y el financiamiento de los pasajes, los reclutados descubrían que su destino final era incorporarse como combatientes en el frente de batalla.
Las cifras: La promesa económica rondaba los 3.000 dólares mensuales, una suma que actuaba como anzuelo directo para captar postulantes.
El circuito comenzó a desmoronarse en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando personal de seguridad de frontera interceptó a cuatro hombres que se disponían a abordar un vuelo con destino a Europa.
Al ser sometidos a las preguntas de rutina por separado, las contradicciones no tardaron en aparecer. Ninguno de los viajeros lograba justificar la procedencia de los pasajes de avión, no contaban con tickets de regreso ni podían precisar los nombres o direcciones de las presuntas empresas contratistas de la construcción.
Acorralados por las inconsistencias, los hombres terminaron quebrándose y confesaron la verdad: no viajaban a edificar, sino a sumarse a las filas en el conflicto bélico.
A partir del testimonio de las víctimas interceptadas, la Justicia Federal ordenó una serie de medidas urgentes que incluyeron el allanamiento de una vivienda ubicada en el partido de Tigre.
En el procedimiento se logró la detención de Ortiz, pero no así la de su pareja, un ex cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) que también está imputado en la causa. Según fuentes de la investigación, el hombre habría logrado darse a la fuga y se sospecha que cruzó la frontera hacia Brasil.
La causa quedó caratulada bajo las figuras de presunta trata de personas y reclutamiento ilegal de combatientes, mientras los investigadores analizan los teléfonos secuestrados para determinar si hay más víctimas que llegaron a viajar al frente de batalla.
