ClaudiaEl proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales que impulsa el Gobierno de Javier Milei y trata este jueves el Senado abriría un cambio profundo en el régimen de compra de campos por parte de extranjeros y colocaría a la Argentina entre los países con menores restricciones de Sudamérica para este tipo de inversiones.
La iniciativa, que el oficialismo quiere discutir en el Senado este jueves, elimina los límites vigentes para personas y empresas privadas extranjeras, aunque mantiene controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control.
La Ley 26.737 vigente que se quiere modificar establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país y que ese tope vale también al considerar cada provincia y municipio. Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera.
Según datos oficiales, apenas alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras, bastante por debajo del tope legal aunque con gran heterogeneidad de escenarios según provincias o departamentos.
El proyecto habilita la adquisición de territorios que contienen cuerpos de agua (ríos y lagos) y zonas de seguridad de frontera. Y elimina la prohibición de comercializar campos arrasados por incendios en los entre 30 y 60 años posteriores al siniestro. Esta medida solo se mantendría para los bosques nativos que cuentan con una protección especial.
El Ejecutivo argumentó que la prohibición actual castigó el valor de las tierras de los productores sin alcanzar resultados reales en el cuidado del ambiente.
La Ley 5.709/71 limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio, mientras que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie.
Además, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) controla el registro de esas operaciones.
En comparación, el proyecto argentino elimina los topes para los inversores privados, por lo que el esquema sería considerablemente más flexible que el brasileño.
Uruguay tampoco impide la compra de campos por extranjeros, pero exige mecanismos de identificación y transparencia.
La legislación obliga a identificar a los accionistas de las sociedades propietarias, registrar la titularidad de las tierras y transparentar la composición de las empresas.
El Parlamento uruguayo analiza, incluso, iniciativas para reforzar los controles sobre las adquisiciones de tierras, especialmente en las zonas fronterizas.
De aprobarse la reforma impulsada por Milei, Argentina pasaría a tener un régimen menos restrictivo que el uruguayo.
Paraguay presenta uno de los mayores niveles de participación extranjera en la propiedad rural.
Distintos estudios estiman que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios extranjeros y que, en algunos departamentos fronterizos, esa participación alcanza hasta el 60%. Sobre todo, por parte de inversores brasileños.
Sin embargo, ese fenómeno responde a un proceso histórico y no implica un esquema de apertura irrestricta como el que propone la iniciativa argentina.
El Gobierno sostiene que la ley vigente desalienta inversiones millonarias, especialmente en proyectos forestales, de riego y cultivos permanentes en el NEA, Cuyo y la Patagonia.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, argumentó que la reforma busca diferenciar a los inversores privados de los Estados extranjeros. Y que mientras los primeros dejarían de tener restricciones para adquirir tierras, los segundos quedarían sometidos a controles más estrictos y necesitarán autorización específica para concretar operaciones.
Para el Ejecutivo, el objetivo es facilitar el ingreso de capital privado sin resignar, señalan portavoces oficiales en respuesta a los cuestionamientos, mecanismos de control sobre gobiernos extranjeros.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, Argentina pasará de uno de los sistemas con mayores limitaciones legales para la compra de tierras rurales por extranjeros a uno de los más abiertos de la región. En contraste con Brasil, que mantiene límites territoriales, con Uruguay, que conserva controles de transparencia, e incluso con Paraguay, donde la elevada presencia de capital extranjero convive con regulaciones específicas.
El proyecto para la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, presentado ante el Senado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también simplifica los desalojos en casos de falta de pago, ocupación o toma de terrenos, y reduce las posibilidades de ejecutar una expropiación.
En el primer caso, la iniciativa busca modificar el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos. Y establece el juicio sumarísimo: trámite exprés para expulsar a quienes no paguen el alquiler, «okupas» o personas que tomen un terreno.
