ClaudiaEl rescate financiero de Celulosa Argentina sumó un nuevo capítulo de incertidumbre tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Primera Nominación de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, de modificar y extender el cronograma de su concurso preventivo. La sindicatura interviniente presentará recién el 30 de marzo de 2027 el informe individual que determinará qué acreencias serán admitidas y sus respectivos montos. Esta significativa demora judicial responde a la abrumadora cantidad de pedidos de verificación de créditos presentados por bancos, proveedores, el Estado y los propios trabajadores, una complejidad documental que obligó a fijar previamente el 10 de noviembre de este año como fecha límite para un informe de avance.
La debacle financiera de la emblemática firma se desató tras la imposibilidad de afrontar vencimientos de corto plazo por unos 18,5 millones de dólares, lo que dejó al descubierto un pasivo inicial estimado que superaba los 140 millones de dólares. En un intento por salvar la compañía, el 19 de septiembre de 2025 se produjo un cambio de manos cuando Esteban Nofal, titular de CIMA Investments, tomó el control accionario al adquirir el 45,5% de las acciones por el valor simbólico de un dólar. El plan de reestructuración contemplaba asumir la millonaria deuda global, lanzar una Oferta Pública de Adquisición que cerró con adhesión marginal en marzo de 2026 e inyectar 18 millones de dólares en capital de trabajo para reactivar las plantas de Capitán Bermúdez y Zárate.
Sin embargo, la estrategia de salvataje recibió un duro revés en los tribunales comerciales con la disposición de la intervención plena de Forestadora Tapebicuá S.A.U., una firma controlada por Celulosa que resulta fundamental para el abastecimiento de madera. La justicia designó a María Anahí Cordero como interventora, desplazando a la administración actual con el objetivo de preservar los activos estratégicos hasta el inicio del período de exclusividad pautado para octubre de este año, lo que debilita la estructura operativa del grupo en un momento crítico.
En el plano social y humano, la parálisis financiera impacta de lleno en los trabajadores. Con una caída del 30% en las ventas y altos costos en dólares, la firma formalizó su entrada en cesación de pagos y llevó una polémica propuesta a una reciente audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial. La patronal ofreció abonar de forma inmediata solo el 30% de los salarios, prometiendo el 70% restante para la semana siguiente sujeto a la obtención de un crédito, siempre y cuando los empleados no realizaran medidas de fuerza. Los referentes gremiales rechazaron tajantemente la oferta, manifestando además su indignación ante las acusaciones de la empresa sobre supuestos sabotajes en el complejo de Capitán Bermúdez, dejando las negociaciones estancadas y el futuro de la planta en vilo.
