Claudia
El Gobierno de Santa Fe, a través de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este jueves el derribo de un nuevo punto de venta de drogas ubicado en Castellanos al 2600, en la ciudad de Rosario. El procedimiento se realizó en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.
Con esta intervención, sumada a otras dos ejecutadas en forma simultánea en la ciudad de Esperanza, la provincia alcanzó los 125 inmuebles vinculados al narcomenudeo inactivados desde la sanción de la norma por parte de la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y su posterior promulgación por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Los derribos comenzaron a realizarse a principios de 2024 como parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno Provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe y, según cada caso, fuerzas federales y gobiernos locales.
Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que estos procedimientos representan la etapa final de un trabajo articulado entre vecinos, fuerzas de seguridad y la Justicia.
“Estos derribos son la consolidación de un procedimiento que comienza con la denuncia de los vecinos, continúa con la investigación y culmina con la demolición del inmueble. No hablamos únicamente de puntos de venta de drogas; hablamos de lugares asociados a la violencia, las balaceras, los homicidios y la degradación social de los barrios”, afirmó.
El funcionario precisó que el operativo realizado en Rosario corresponde al derribo número 71 en la ciudad y al número 80 en el departamento Rosario. “Al mismo tiempo se están derribando otros dos puntos de venta en Esperanza, lo que nos permite alcanzar los 125 derribos desde la implementación de la ley”, agregó.
Denuncias al 911
Por su parte, el fiscal César Cabrera explicó que la investigación se inició a partir de información recopilada por la Unidad Especializada en Microtráfico, nutrida en gran medida por denuncias realizadas por vecinos a través del 911.
“Se cruzan datos, se verifica la actividad ilícita y posteriormente se realizan los procedimientos para detener a quienes desarrollan la venta minorista de estupefacientes”, señaló.
Según detalló, en el lugar funcionaba una estructura precaria utilizada para la comercialización de drogas, mientras que la vivienda demolida era utilizada para el acopio y resguardo de la sustancia. “Se secuestraron dosis de cocaína y marihuana que eran comercializadas en la zona”, indicó.
Cabrera informó además que fueron detenidas cuatro personas vinculadas al funcionamiento del búnker. No obstante, aclaró que se trata de individuos que ocupaban los niveles más bajos de la organización delictiva. “Aún no se pudo determinar a qué estructura criminal respondían, aunque este tipo de actividades suele estar bajo la órbita de grupos con mayor nivel de organización”, concluyó.
