ClaudiaLos diez exalumnos del Colegio Palermo Chico que denunciaron por abuso sexual al empresario Marcelo Porcel recibieron en las últimas horas botones antipánico para reforzar las medidas de protección dispuestas por la Justicia. La decisión se produce mientras continúa demorándose la colocación de la tobillera electrónica que el acusado debería portar desde la semana pasada por orden judicial.
Los dispositivos fueron entregados por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los domicilios de cada uno de los adolescentes. Se trata de teléfonos equipados con una aplicación especial que permite activar una alerta inmediata ante cualquier situación de riesgo o emergencia, facilitando la intervención de las autoridades.
Sin embargo, la otra medida de protección ordenada por la Justicia todavía no fue implementada.
A pesar de que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional dispuso la colocación inmediata de una tobillera electrónica a Porcel para controlar el cumplimiento de las restricciones de acercamiento, el empresario aún no recibió el dispositivo.
La demora responde, según trascendió, a la falta de algunos datos técnicos necesarios para concretar la instalación del sistema de monitoreo.
Entre ellos figuran el domicilio preciso del imputado y el rango de distancia que deberá respetar respecto de las víctimas y sus familiares. Esa información debe ser remitida por el juzgado a la Policía de la Ciudad, encargada de ejecutar la medida.
La situación generó preocupación entre los representantes de las víctimas. El abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti presentó durante los últimos días varios escritos reclamando el cumplimiento de la resolución judicial. Según señaló, ya transcurrieron varios días desde que la Cámara confirmó la medida sin que se haya concretado su aplicación.
La orden judicial fue emitida el jueves pasado junto con la confirmación del procesamiento de Porcel en una causa que investiga presuntos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento.
De acuerdo con la investigación, los hechos habrían tenido como víctimas a diez adolescentes de entre 11 y 15 años. La acusación sostiene que los episodios ocurrieron en oficinas y domicilios vinculados al empresario, donde presuntamente se aprovechaba de la relación de confianza construida con las familias de los menores.
Al ratificar el procesamiento, la Cámara destacó la consistencia de los testimonios obtenidos mediante cámara Gesell y consideró que presentan características compatibles con relatos de abuso sexual. No obstante, los jueces resolvieron que Porcel continúe en libertad mientras avanza el proceso judicial, al entender que cuenta con arraigo, domicilio estable y no registra incumplimientos de las restricciones impuestas hasta el momento.
