La Justicia federal resolvió archivar una de las causas en las que se investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su viaje a Nueva York junto a su esposa en un avión oficial. La decisión fue tomada por el juez Daniel Rafecas, quien avaló el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, que había concluido que no hubo delito.
La denuncia cuestionaba el uso de recursos públicos en el traslado, en particular por la presencia de la esposa del funcionario, Betina Angeletti, en la comitiva. Sin embargo, tras analizar la documentación oficial, la fiscalía determinó que no existieron irregularidades ni gastos indebidos.
En su dictamen, Mangano sostuvo que no se configuró ningún delito, al descartar la hipótesis de malversación de fondos públicos. “No se advierte la concurrencia de los extremos tipificados”, señaló, en referencia a las figuras penales vinculadas al uso indebido de recursos del Estado.
El análisis se basó en informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete, donde se detallaron tanto el uso de la aeronave como los costos del viaje.
Uno de los puntos clave fue que la inclusión de la esposa del funcionario no generó un gasto adicional. El avión utilizado, un Boeing 757-200 con capacidad para 39 pasajeros,—contaba con asientos disponibles durante el vuelo realizado entre el 6 y el 11 de marzo.
Según la fiscalía, había “más de 10 plazas libres”, lo que refuerza que no hubo impacto económico para el Estado. En ese marco, se consideró que la invitación formó parte de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo.
Aunque el dictamen de la fiscal no era vinculante, Rafecas coincidió con sus argumentos y dispuso el archivo de la causa al considerar que los hechos denunciados “carecen de entidad penal”.
De esta manera, se cerró uno de los expedientes abiertos contra Adorni, mientras sigue en trámite otra investigación vinculada a su patrimonio en un juzgado distinto.
Tras conocerse la decisión, el jefe de Gabinete se expresó en redes sociales y celebró el fallo.
La causa se había iniciado a partir de cuestionamientos sobre el uso del avión oficial y un posible beneficio personal derivado del viaje. No obstante, tanto la fiscalía como el juez entendieron que el accionar se encuadra dentro de las atribuciones del Gobierno y no constituye delito.
Con esta resolución, la Justicia dio por finalizada una de las investigaciones, al considerar que no hubo irregularidades en el traslado ni en los gastos asociados.
