ClaudiaLa Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó el fallo de primera instancia que había condenado al país a pagar más de US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera en 2012 en la causa YPF. La decisión representa un fuerte alivio fiscal y judicial para el Estado argentino.
El fallo ratifica que el proceso de re-estatización de la petrolera de bandera concretado en 2012 por la entonces presidenta Cristina Kirchner y el exministro de Economía Axel Kicillof transitó por los carriles de la legalidad y que los reclamos de los fondos buitres, que compraron el juicio iniciado por accionistas de la empresa en manos privadas, fueron infundados.
El proceso había sido impulsado originalmente por los ex accionistas Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, quienes reclamaban haber sido perjudicados porque el Estado tomó el control de YPF sin lanzar una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas, como establecía el estatuto de la empresa.
En 2023, la jueza Loretta Preska había fallado contra la Argentina, aunque había dejado a YPF fuera de responsabilidad directa.
En la apelación, la defensa argentina insistió en que el caso debía resolverse en tribunales argentinos, porque los hechos ocurrieron en el país y bajo legislación local. Ese punto fue clave, no el único, para revertir la sentencia.
Además, la Cámara también dejó sin efecto la orden que obligaba a entregar acciones de YPF para garantizar el cobro del fallo.
YPF fue estatizada en 2012 luego de un largo proceso de desinversión por parte de Repsol, la privada que la tenía en sus manos. A partir de entonces, la petrolera nacional multiplicó su producción de petróleo y gas natural.
Entre algunos de sus argumentos, el tribunal tomó parte de la fundamentación de los representantes legales de Argentina, que sostuvieron que los estatutos de una corporación –YPF– son “contratos organizacionales plurilaterales” y no generan obligaciones bilaterales que permitan demandas.
En este aspecto, consideró que si aún existiera un contrato bilateral, las demandas están prohibidas por la Ley General de Expropiaciones (LGE) que rige en la Argentina, la cual impide acciones de terceros que “obstaculicen” una expropiación o sus efectos.
El tribunal aceptó de hecho el argumento que en su momento habían esgrimido tanto Kicillof como por Kirchner: ningún tribunal estadounidense puede estar por encima de la legislación argentina ni del Congreso nacional que habilitó la estatización.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan ratificó la desestimación de los reclamos por “promissory estoppel” (doctrina de los actos propios), ya que bajo la ley argentina esta no es una fuente autónoma de obligación cuando ya existe una relación contractual.
La noticia fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien en un escueto posteo escribió: «Ganamos en el juicio de YPF».
Luego, en un discurso, y sin sorpresa pero con su habitual contradicción, insultó a los responsables de la expropiación que, de hecho, la justicia estadounidense consideró ajustada a la ley. «Le hemos ganado a Woodford en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares», dijo el libertario.
Y retomó el lenguaje grosero: «Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner».
