Nuevo rechazo mayoritario en la audiencia por la ley de Glaciares, en la que podrían intervenir gobernadores

Audiencia pública por la reforma a la ley de Glaciares

Entre las intervenciones virtuales, una de las participaciones opositoras más representativas fue la de Pablo Eugenio Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), ente que administra el Inventario Nacional de Glaciares. "Esta nueva propuesta no considera la importancia del presupuesto mínimo, que uniformice la protección de todos los procesos hidrológicos que exceden los límites interjurisdiccionales", dijo y sostuvo que "esta nueva legislación sigue sin incluir un presupuesto para garantizar el inventario, lo que deja a nuestro instituto en una situación de incertidumbre en cuanto a sus posibilidades".

La exdiputada nacional Graciela Camaño fue una de las participantes, quien hizo hincapié en la metodología del debate por la reforma a la ley de Glaciares, subrayando que no se cumplió con el acuerdo de Escazú porque la instancia de participación ciudadana fue posterior a la redacción -y media sanción- de la ley. Así fue que consideró que podría darse "la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones, por configurar una violación en su elemento formal, al no haberse cumplido los elementos esenciales previstos". "La ley de Glaciares actual es el piso mínimo, no puede reducirse y tiene progresividad consolidada por la Corte Suprema", agregó.

La única voz de respaldo al proyecto entre los primeros 30 disertantes fue la de Pablo Marcet, quien se presentó como un "geólogo y hablo por cuenta propia". Director de Piche Resources -empresa australiana de exploración de uranio y oro- y de Pan American Silver -corporación canadiense de extracción de plata-, criticó el avance de la minería ilegal y argumentó que la actividad no utiliza grandes cantidades de recursos hídricos: "Nuestras minas más grandes de oro y de litio consumen una cantidad de agua equivalente a fincas de entre 50 a 100 hectáreas. El desarrollo de una mina de las más grandes de Argentina no sería detectable midiendo los caudales de los ríos aguas abajo".

Otros dos participantes que apoyaron la reforma fueron Néstor Rigamonti, gerente general de Minera Santa Cruz, y Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, quienes hicieron hincapié en las definiciones legales de glaciares y ambientes periglaciales. El restante fue el abogado Manuel Frávega (estudio Beccar Varela), exfuncionario bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y miembro del departamento ambiental de la Unión Industrial Argentina.

Reforma a la ley de Glaciares: el proyecto

El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Luego de que la minería se presente como el principal catalizador de inversiones en la Argentina Week, se estima que existen cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que podrían aportar u$s30.000 millones.

El cambio sustancial es que añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana". Los dos cambios (artículo 4° y 6°) de último momento del proyecto en el Senado abonan a este objetivo, dado que se flexibilizaron el esquema de autorizaciones para la explotación minera, quitándole potestades a la Cancillería y los Comité de Cuenca.