Tras 200 despidos, abren concurso preventivo de textil y apuntan a sostener la actividad

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, resolvió la apertura del concurso preventivo de la firma Emilio Alal Sacifi, en el marco de la crisis financiera que atraviesa la compañía, que despidió a unos 200 trabajadoras y trabajadores, a quienes no les pagó indemnización, dijeron los empleados afectados, en su mayoría de la ciudad correntina de Goya y algunos más de Villa Ángela, Chaco.

La decisión fue adoptada por el magistrado Franco Raschetti luego de la presentación realizada por el presidente de la sociedad, Emilio Miguel Alal, quien solicitó el inicio del proceso tras la aprobación de la asamblea de accionistas. El objetivo declarado es reestructurar el pasivo y preservar la continuidad de la actividad productiva.

En la solicitud judicial, la empresa ubicó el comienzo de la cesación de pagos el 23 de enero de 2026, cuando no pudo cumplir con obligaciones vinculadas a liquidaciones finales e indemnizaciones laborales. Entre los factores señalados como detonantes de la crisis figuran la retracción del consumo interno, el aumento de importaciones, la suba de costos energéticos y de insumos, y las dificultades para acceder a financiamiento bancario para capital de trabajo.

Por la dimensión económica de la sociedad, el expediente fue encuadrado como “Gran Concurso Categoría A”, una clasificación que implica mayores exigencias formales y controles durante el trámite.

Como medidas iniciales, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes de la empresa y estableció restricciones para los integrantes del directorio, quienes no podrán salir del país sin autorización judicial. Además, fijó para el 3 de marzo a las 8:00 el sorteo de la sindicatura, que quedará a cargo de un estudio contable.

El cronograma establece que los acreedores tendrán plazo hasta el 28 de mayo de 2026 para presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. Posteriormente se abrirá un período de observaciones que se extenderá hasta el 25 de junio. Los informes individuales sobre cada acreencia deberán estar listos en agosto, mientras que el informe general sobre la situación patrimonial y financiera de la compañía está previsto para noviembre.

También se ordenó la conformación de un Comité de Control Provisorio integrado por representantes de los trabajadores y por los tres principales acreedores quirografarios: el Banco de la Nación Argentina, el Banco Credicoop y la firma Indunor SA.

Con la apertura formal del concurso, la expectativa está puesta en alcanzar acuerdos que permitan reordenar las deudas y sostener las fuentes de trabajo, en un escenario económico desafiante para el sector productivo regional.