Claudia
El ministro de Economía, Luis Caputo, cayó en la ilegalidad al intentar justificar la postergación de la nueva fórmula del Indec para medir la inflación, un esquema que actualiza el peso de ítems como servicios y alquiler en el cálculo de la evolución general de precios. Fue un intento de negar que, con el método acorde a los consumos actuales, la inflación de enero hubiera dado más de 3%. No se le ocurrió mejor idea que afirmar que el renunciante titular del organismo estadístico, Marco Lavagna, le había anticipado que con el método puesto en pausa daba una décima menos. La publicación de la cifra está programada para el 10 de febrero, y el Indec no puede anticipársela a nadie, ni siquiera al Ejecutivo. Menos aún, si así fuera, puede un funcionario hacerla pública, porque es un insumo clave de decisiones económicas. Por ejemplo, para la actualización de los bonos CER, los créditos y plazos fijos UVA, las jubilaciones, las paritarias, los alquileres, las asignaciones sociales, el dato de pobreza y las bandas de flotación del dólar.
Otra inconsistencia de Caputo es por qué decidieron patear el cálculo con la fórmula actualizada si, según él, daba mejor que con la que sigue vigente por una decisión del Ejecutivo que destruye la credibilidad del Indec al exponer su manipulación por parte del Ministerio de Economía.
De hecho, en una entrevista, el titular de Economía admitió la injerencia política en la medición: “Marco Lavagna renunció porque se estuvo trabajando en la nueva metodología y Marco tenía fecha para implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado”, le dijo al comunicador oficialista Jonatan Viale.
