Tras 50 años de historia, una reconocida fábrica de pescado enlatado cerró sus puertas de forma definitiva

La economía argentina se encuentra inmersa en un escenario complejo y desafiante, caracterizado por una alta inflación que erosiona el poder adquisitivo de los consumidores, una caída sostenida del consumo interno y una apertura comercial que incrementó la competencia de productos importados.

Esta apertura, acompañada de beneficios impositivos para las empresas extranjeras, como la reducción o eliminación del IVA a los productos importados, ha generado un fuerte impacto en las industrias nacionales, que enfrentan costos elevados y dificultades para sostener sus operaciones.

En este contexto, sectores industriales tradicionales, como el pesquero y conservero, están atravesando una profunda crisis que los obliga a replantear sus modelos de negocio, poniendo en riesgo la continuidad de actividades históricas y el empleo local.

Marechiare y la crisis de la industria conservera nacional: del orgullo productivo a la importación
Marechiare, una emblemática marca de conservas de pescado con raíces marplatenses y una historia que se remonta a décadas, anunció un giro radical en su estrategia empresarial: el cierre de su planta industrial y la migración hacia un modelo basado exclusivamente en la importación de productos terminados.

Esta decisión, que marca el fin de una era para la producción conservera local, responde a un “ahogo” económico que se ha profundizado en los últimos años y que se vio agravado por la apertura de importaciones y la baja de la carga impositiva para empresas extranjeras, factores que han hecho inviable la fabricación nacional.

Federico Angeleri, director del grupo empresario, explicó en diálogo con el diario La Nación que la imposibilidad de competir con productos importados, sumada a una caída del consumo interno de más del 60% y a precios de venta congelados desde diciembre de 2023 con aumentos mínimos del 10%, llevaron a la empresa a esta situación límite.

La ecuación productiva es insostenible: producir una lata de caballa de 180 gramos cuesta alrededor de $1800 más IVA, mientras que su precio de venta ronda los $1400, lo que implica vender cada unidad a pérdida. En contraste, en el mercado internacional la misma lata se comercializa a aproximadamente US$0,90, mientras que producirla en Argentina cuesta casi el doble, US$1,60 sin impuestos.

Los costos laborales son el principal factor que encarece el producto nacional. Angeleri señala que, aunque el precio del aceite es internacional, todos los demás costos logísticos y extras son argentinos y elevan significativamente el costo final. A esto se suma un marco laboral anticuado, regido por un convenio gremial de 1977 que no se actualizó y que no permite margen de negociación.

“Hemos presentado alternativas, pero nunca hubo apertura al diálogo”, afirmó el empresario, quien denunció que la industria pesquera ya no es negocio y que diariamente se convocan paralizaciones en las empresas del sector.

La crisis de Marechiare refleja un fenómeno más amplio: en su mejor momento, Mar del Plata albergaba unas 35 plantas conserveras, pero hoy apenas sobreviven cinco. La competencia internacional, especialmente de países como Ecuador y Tailandia, que producen conservas con costos mucho más competitivos y cuentan con beneficios fiscales que agravan el desbalance, ha ido desplazando progresivamente a la industria nacional. Por ejemplo, el atún, que hace más de 50 años se pescaba y procesaba localmente, hoy se importa casi en su totalidad, principalmente desde Ecuador, en latas ya procesadas y envasadas.

Ante este panorama, Marechiare proyecta una reconversión forzada: abandonar la producción nacional y migrar hacia un modelo de comercialización de productos importados, ya sea bajo marcas propias o extranjeras. “Vemos que no hay acompañamiento del Gobierno. Seguramente migremos hacia un modelo basado en la importación de productos terminados. No nos dejan otra opción”, lamentó Angeleri, quien aseguró que están tratando de subsistir con el poco stock que queda.

Esta transformación implica también una profunda incertidumbre para los trabajadores que desempeñan tareas en la limpieza, descabezado y enlatado del producto, ya que no se han dado detalles sobre el futuro de estos empleados. La desaparición de la producción local no solo afecta la economía regional, sino también un legado histórico y cultural que durante décadas formó parte del tejido productivo e identitario de Mar del Plata.

La crisis pesquera en Río Negro: cierre de Río Salado y la precariedad laboral

La crisis en la industria pesquera no se limita a la ciudad balnearia de Mar del Plata. En la provincia de Río Negro, la empresa pesquera Río Salado confirmó el cese definitivo de sus actividades en San Antonio, con la consiguiente desvinculación de 90 empleados. Este cierre profundiza la incertidumbre y refleja un escenario negativo para el sector en la región.

La empresa condicionó el pago de las indemnizaciones a la futura venta de un inmueble, alegando falta de recursos inmediatos para cumplir con sus compromisos salariales y otras obligaciones financieras y patronales.

Esta situación fue expuesta durante una audiencia convocada por la cartera laboral en San Antonio, donde el gerente de Río Salado, Franco Massari, detalló la difícil situación financiera de la firma. La reunión estuvo encabezada por el delegado de Trabajo, Sergio Ortiz, y contó con la presencia de representantes del Sindicato de la Alimentación (STIA), incluyendo al secretario general Juan Ortiz y al adjunto Juan Huilcapan.

Las autoridades laborales manifestaron su determinación de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones pendientes, aunque esta exigencia no quedó formalmente plasmada en el acta de la audiencia. Previamente, la empresa había enviado telegramas de despido a sus 90 trabajadores, ofreciendo abonar únicamente el 50% de las indemnizaciones estipuladas. La intervención del Ministerio de Trabajo logró que se requiriera el pago total de las compensaciones y se convocara a la audiencia para abordar el conflicto.

Otro punto de controversia fue la demora en la baja administrativa del personal en el sistema de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que impide a los trabajadores acceder al seguro de desempleo. Frente a esta situación, la empresa se comprometió a completar dicho trámite.

Con información de La Nación, 0223 y ADNSUR