Claudia
Gendarmería Nacional realizó este viernes veinte allanamientos en domicilios vinculados a la defaulteada firma Vicentín. Cuatro de los operativos fueron en Rosario, nueve en Avellaneda, tres en Reconquista, uno en la localidad bonaerense de Adrogué y tres en la ciudad de Buenos Aires.
La fuerza federal actuó por pedido del fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación. La orden incluye el pedido de detención de cuatro personas allegadas a la familia fundadora del emporio nacido en la ciudad de Avellaneda.
Los allanamientos son derivaciones de la causa que llevan adelante Narvaja y su colega Miguel Moreno desde 2020. Los fiscales reunieron abundante evidencia sobre maniobras fraudulentas que implicaron pérdidas millonarias en dólares para proveedores e instituciones financieras.
Por esa megaestafa, apuntan a los propietarios y directivos de la empresa, que dejó una deuda impaga estimada en 1.500 millones de dólares tras la cesación de pagos. ya pidieron la elevación a juicio.
El concurso de acreedores abierto en paralelo lleva más de cinco años sin resolverse por idas y vueltas y pedidos de declaración de inconstitucionalidad.
Las personas con pedido de detención, de acuerdo a los primeros trascendidos, se domicilian en Funes, Avellaneda, Rosario y una ciudad bonaerense.
Familiares y directivos alrededor de una «asociación ilícita»
Son 17 los apuntados por Narvaja y Moreno en relación a las maniobras de vaciamiento y fraude.
Entre ellos, está Daniel Néstor Buyatti, radicado en Rosario. A él, ex presidente del directorio de Vicentin, le atribuyen 49 hechos delictivos y lo consideran jefe de una asociación ilícita creada para cometer 43 estafas y administración fraudulenta.
Buyatti está casado con una familiar de los fundadores de la agroexportadora, Geraldín Vicentin. Le descubrieron, a nombre de ambos, una cuenta en Suiza que para 2020 atesoraba 450.000 dólares. La pareja transfirió luego el dinero a sus tres hijos, en concepto de donación, para deshacerse de una prueba del beneficio patrimonial de los delitos cometidos.
Otro es Roberto Alejandro Gazze, nacido en Reconquista pero radicado en Funes, ex director de Administración, Finanzas y Recursos Humanos de la empresa.
También piden condena para Roberto Oscar Vicentin, residente en Avellaneda, , a quien le achacan 49 hechos delictivos como miembro de la asociación ilícita para concretar las estafas contra bancos y productores.
Con el mismo apellido, en la lista se incluyen Sergio Roberto Vicentin y Pedro Germán Vicentin, ambos apuntados por 49 hechos delictivos que van desde la integración de una asociación delictiva y estafas hasta administración fraudulenta.
En la nómina también hay personas bajo cargo de diversas maniobras para diluir el rastro de los delitos antes y una vez que Vicentin cayó en desgracia.
Por ejemplo, Eduardo Harnan, socio de la firma KPMG a quien le atribuyen utilizar una firma con reconocimiento internacional para dar mayor credibilidad a los balances anuales de Vicentin con cierre a octubre de 2017 y 2018, confeccionados con datos adulterados y omisión del abultado pasivo.
Sobre los ex síndicos Ernesto Norberto García, Carlos Julio Amut y Diego Oscar Telesco, los fiscales van por el delito de encubrimiento de los protagonistas de las estafas, y piden agravar condena por su carácter de funcionarios públicos en el momento de los hechos.
