Claudia
En el marco del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), la Unidad Regional VI, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizaron hoy 12 allanamientos en la ciudad de Villa Constitución, departamento Constitución. Como resultado, dos personas quedaron a disposición de la Justicia y se secuestró droga, una balanza de precisión y elementos de corte, un auto y un cuatriciclo, una escopeta calibre 12/75 con cartuchos, teléfonos celulares, dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes y más material de importancia para la causa.
Los procedimientos se desarrollaron a partir de una investigación del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, enmarcados en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal, con la intervención de la fiscal Analía Saravalli, quien ordenó medidas a llevar adelante en distintos domicilios de los barrios Las Chapitas y 9 de Julio. Durante los operativos ejecutados esta mañana por la PDI, las TOE, personal de la Unidad Regional VI y diferentes fuerzas de la Policía de Santa Fe, Tomás Federico B., de 25 años, y Marcela Silvia B., de 54, quedaron a disposición de la justicia.
Desde la Municipalidad de Villa Constitución destacaron la intervención del Gobierno Provincial y que “el éxito de estas políticas radica en el trabajo en conjunto”.
“A nivel provincial y local estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo para mejorarle la vida a los vecinos”, enfatizaron.
Tras los procedimientos de seguridad, el municipio local continuará con trabajos de mantenimiento y mejoramiento, desmalezado, bacheo y alumbrado para que los vecinos se sientan acompañados y se apropien de los espacios públicos.
La Intervención Barrial Focalizada (IBF) es un programa en el que el Gobierno de Santa Fe articula acciones de prevención del delito y disminución de la violencia urbana a través del trabajo integral entre los ministerios de Justicia y Seguridad, Igualdad y Desarrollo Humano; los gobiernos locales y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
