Por una resolución del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial, los encuentros se reducirán dos familiares directos mayores de 16 años, y de sus hijos menores, cada 15 días y por 60 minutos. Se harán exclusivamente en locutorios. Además, el Servicio Penitenciario no autorizará el ingreso a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito
Seguridad05/02/2025
Claudia
Mediante la Resolución 153/2025 del Ministerio de Seguridad, el Gobierno endureció los controles sobre los presos alojados en pabellones de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Desde la fecha, y a un año de la implementación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, los internos en prisiones federales bajo esa categoría verán restringidas, aún más, sus visitas que se reducirán a dos familiares directos mayores de 16 años, y de sus hijos menores, cada 15 días y por 60 minutos. Además, las visitas se harán exclusivamente en locutorios, sin contacto físico.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal deberá requerir a la Justicia que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema, según la resolución. Es decir que si se revoca la autorización de un visitante por parte de un preso, no podrá volver a solicitar que sea autorizado en un plazo de seis meses.
La medida dispone, al mismo tiempo, que no se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito. A su vez, los internos incorporados a este protocolo no podrán recibir visitas de apoderados ni de allegados.
En la resolución oficial se indica que el objetivo es “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal”.
La estrategia contempla la “evaluación, clasificación y separación de grupos homogéneos para gestionar eficientemente el alto riesgo individual que presentan”.
La media se instrumenta luego de que las autoridades detectaron que los reclusos habrían aprovechado la visita de familiares y abogados para trasmitir órdenes al exterior o dar instrucciones operativas a miembros de sus organizaciones.
Durante 2024, magistrados de la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal y también de la provincia de Santa Fe ordenaron la detención de nueve familiares directos de internos alojados en el Sistema con quienes mantuvieron visitas de contacto. En se plazo, se ordenó la detención de dos de los abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales.
Las detenciones fueron ordenadas por su presunta participación en los delitos previstos en la Ley N° 23.737, asociación ilícita, amenazas, incendio y secuestro extorsivo, entre otros, que estarían vinculados con los delitos cometidos por los internos alojados en el sistema.
Para las autoridades, el endurecimiento de los controles era estrictamente necesario “para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino vinculados con la prevención y persecución del crimen organizado”.
La Provincia avanza en la reestructuración de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de consolidarla como una fuerza técnica, autónoma y enfocada en el trabajo conjunto con los fiscales. En ese marco, la abogada Eva Cainelli asumió como nueva directora. Es una “una evolución natural de la gestión”, dijo el ministro Cococcioni.
El gobernador Pullaro destacó que el traslado de 400 detenidos “permitirá ganar entre 20 y 30 binomios de policías que dejarán las comisarías para salir a la calle a trabajar en la prevención e investigación”. En cuatro años la provincia invertirá 500 millones de dólares para construir 3.700 celdas
Se trata de una nueva intervención en un puesto de venta de estupefacientes, en Berutti al 1800. “Era un pedido de los vecinos”, indicaron las autoridades provinciales al supervisar la medida.
El gobernador encabezó la entrega de 117 camionetas 0 km para el departamento La Capital, la Policía de Investigaciones, Los Pumas y la nueva Guardia Provincial. Se trata de parte de las 360 unidades adquiridas con una inversión superior a los $ 17.000 millones.
Se trata de una nueva intervención del Gobierno de Santa Fe en el marco de la norma vigente desde principios de 2024, con el gobierno de Maximiliano Pullaro. Por un procedimiento previo en ese lugar hay cuatro detenidos, a los que se les incautó cocaína para la venta. Es el búnker número 62 que se derriba en la provincia desde la puesta en marcha de la nueva legislación.
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Según un informe de la UCA, el 50,5% de los hogares experimenta serias dificultades para cubrir gastos básicos. El fenómeno golpea con fuerza a los sectores medios-bajos y se agrava en hogares con niños. Crece el empobrecimiento más allá de las cifras oficiales de pobreza.
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