Claudia
El fiscal santafesino Ezequiel Hernández solicitó para el exministro de Seguridad provincial Marcelo Sain una pena de once años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, en el marco del pedido de elevación a juicio de la causa por el presunto perfilamiento de funcionarios y dirigentes políticos, entre otros.
La acusación fue presentada el jueves pasado ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y, además de Sain, incluye pedidos de condenas para otros seis imputados.
Otros implicados en la causa
Un pedido de pena de nueve años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos alcanza a la exdirectora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman (señalada como organizadora de la asociación ilícita investigada), al igual que la exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI) Débora Cotichini.
Al exsecretario de Seguridad Pública Germán Montenegro le corresponde una pena de siete años (por presuntamente integrar esa asociación y cometer otros delitos).
Para el exsubsecretario de Investigación Criminal Pablo Alvarez y el exsubsecretario de Control Institucional del ministerio Diego Rodríguez, el fiscal pidió cinco años de prisión más la inhabilitación. Y, para Milagros Bernard, excontratada por la Subsecretaría de Control, la acusación sostiene que le corresponde una pena de tres años y seis meses e inhabilitación.
A fines de noviembre de 2022, el exministro de Seguridad fue acusado de ser jefe de una asociación ilícita en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal.
Le imputaron también haber violado la ley nacional de inteligencia, malversado caudales públicos, abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las normas vigentes, instigar a la destrucción de elementos de prueba, violar secretos y la figura de encubrimiento calificado (por su rol de funcionario público).
Las imputaciones implican hacer inteligencia ilegal sobre empresarios, gremialistas, legisladores, funcionarios judiciales y policiales, abogados, militantes sociales y periodistas.
Un mes atrás, la fiscalía había pedido cinco años de prisión para Sain por la presunta compra irregular de armas para la Policía de Santa Fe. La acusación recayó sobre otros exfuncionarios de Seguridad.
