La Justicia intimó al Ministerio de Capital Humano para que incluya a 66 comedores al reparto de alimentos

El conflicto por irregularidades en envíos de alimentos a comedores y merenderos por parte del Ministerio de Capital Humano no termina. La Justicia intimó a la cartera para que incluya en la distribución de alimentos a 66 entidades populares y le dio tres días al Gobierno para realizar el reparto. La sentencia responde a un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que también pidió que se investigue a la ministra Sandra Pettovello por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se inició a principios de octubre por 77 espacios comunitarios pertenecientes a la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros. El Gobierno había aducido que los convenios de estos espacios estaban vencidos. Sin embargo, tras el amparo presentado por la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el CELS, la Justicia dictaminó que se entregue la mercadería a estos 66 comedores.

En cuanto a los 11 restantes, a mediados de noviembre, desde la cartera señalaron que aún no habían podido relevarlos para volver a incluirlos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom) debido a que "no se encontraban en funcionamiento como tales".

Las organizaciones denunciaron en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7 "el fraude procesal en el que está incurriendo el Ministerio de Capital Humano" ya que una vez más comete el "incumplimiento de la medida cautelar y la sentencia de fondo dictada en esta causa".

Además, pidieron una sanción disciplinaria contra Pettovello por "temeridad y malicia" en su manejo de los alimentos de los comedores.

En octubre, el juez Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 había ordenado la continuidad de los programas del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, el Programa Alimentar Comunidad, el Programa Prestación Alimentar y el Programa Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004, aunque dejó al ministerio la potestad de revisar, reestructurar o auditar los programas, siempre y cuando se mantenga el derecho a la alimentación del colectivo destinatario de forma efectiva.