Denunciaron a Patricia Bullrich por la represión a jubilados en la que tiraron gas pimienta a una nena

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público a raíz del operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en inmediaciones del Congreso Nacional el miércoles último.

La denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el Juzgado Federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.

El abogado pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada para protegerse cuando un policía las roció.

La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutaré las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público. Fue la funcionaria que esparció la información que apuntaba a los propios manifestantes el gas pimienta que recibió la nena de 10 años, en la construcción de una fake news con un video fuera de foco, versión que quedó desbaratada por otras filmaciones en las que se aprecia claramente la secuencia.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.